La UE acuerda nuevas medidas contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo»

En un esfuerzo conjunto para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre nuevas regulaciones. Este acuerdo incluye la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el reglamento del «libro de normas único» de la UE.

Las disposiciones acordadas, que forman parte del paquete contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), deberán ser implementadas por bancos y otras entidades para proteger el mercado interior de la UE. Las nuevas leyes permitirán un acceso más amplio a información sobre beneficiarios reales y fortalecerán los poderes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar, detectar y suspender transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es que, a partir de 2029, los clubes de fútbol profesionales estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas a las UIF. Además, el acuerdo expande la lista de entidades obligadas a cumplir con estas normas, incluyendo la mayor parte del sector de criptoactivos. Todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deberán realizar la debida diligencia con sus clientes y reportar actividades sospechosas, aplicándose a transacciones de 1.000 euros o más.

El acuerdo también afecta a otros sectores, incluyendo comerciantes de artículos de lujo, como metales preciosos, joyerías, relojerías y orfebres, así como el sector de automóviles, aviones y yates de lujo, y de bienes culturales (como obras de arte). Asimismo, se reconoce el alto riesgo asociado al sector del fútbol, incluyendo a clubes y agentes de fútbol profesional en la lista de entidades obligadas, aunque los Estados miembros tendrán flexibilidad para excluirlos si representan un riesgo bajo.

Este acuerdo provisional, que aún debe ser adoptado formalmente por ambas instituciones para entrar en vigor, establece un período de transición más largo, con una implementación efectiva cinco años después de su entrada en vigor.