En febrero de 2022 comenzó a hacerse latente el grave impacto en el coste de la energía y el precio de la factura a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, disparando los precios del mercado mayorista hasta multiplicarse por cinco. Cotizaciones en el mercado español que oscilaban de forma diaria con un incremento porcentual de entre el 20 y el 50%. Ante esta situación y a pesar de las reservas del país gracias al Plan Invernal que obligaba a las comercializadoras de gas a contar con reservas estratégicas, la administración quiso adoptar una medida compleja de entender desde el punto de vista jurídico. De forma concisa, esta se basaba en que las empresas verticalmente integradas (generación y comercialización), que son las que estaban registrando los mayores niveles de beneficio, tuvieran que devolver los ingresos que resultaran de un precio de mercado superior a 67 euros MW.

Estas compañías obtuvieron tal beneficio por las leyes del mercado marginalista, un sistema de fijación de precios donde la última tecnología fija el precio de todas las tecnologías. Según este las que acaban prevaleciendo determinan lo que se pagará por la luz en el mercado mayorista hora por hora. Estos precios por hora se fijan en una subasta realizada en el organismo que arbitra entre la oferta y la demanda en España, el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Como resultado, se provocaba una distorsión que hacía que las tecnologías que no dependieran del gas tuvieran beneficios muy superiores a sus costes de generación lo comúnmente llamado winfall profits o “beneficios caídos del cielo”.

Esto generó una situación convulsa y una denominada crisis energética, la cual incluso en la actualidad afecta de forma grave tanto al precio que paga el consumidor como a las empresas. A punto estuvimos de escindir la sociedad en consumidores de primera que podían permitirse el pago de tales facturas y de segunda, que tuvieron que hacer más que apretarse el cinturón para sobrevivir al precio de la electricidad el pasado invierno.

Por su parte, las compañías verticalmente integradas alegaron que los precios que ellos imponían no eran los de mercado ya que tenían contratos bilaterales con sus propias comercializadoras a precios bajos y esto provocaba que no tuvieran los beneficios que el Ministerio presuponía. En este momento, el Ministerio acordó que, si el precio final repercutía en el consumidor, no se haría devolver este importe. Las compañías aportaron contratos con clientes a precios bajos por el volumen que aportaron de contratos, lo que hacía que cubrieran toda la energía generada y no tuvieran que pagar ese ingreso extra.

Cualquier momento es oportunista para cualquier negocio y cualquier medida y cambio legislativo beneficia a unos y pone en desventaja a otros. Nunca podremos estar todos de acuerdo, nunca una decisión es amable para todas las opiniones, pero en este caso tendría sentido si las grandes eléctricas estuvieran obligadas a trasladar este precio de 67 euros solo durante los momentos en que los precios de mercado son superiores para favorecer al cliente. En cambio, se acabó permitiendo a las grandes eléctricas poner precios fijos a clientes a valor de 85 euros/MW no solo durante los años críticos si no con contratos estimados en 5 años, asegurándose de esta manera su cartera de clientes durante un largo periodo de tiempo. Una medida con la que el precio medio de esos 5 años sería casi más caro que el que marcaban los mercados de futuro en OMIP, consiguiendo de esta forma evitar el pago de los ingresos extra por generación y reduciendo a cenizas el mercado de la comercialización, al no tener las comercializadoras medianas la capacidad financiera para poder competir con precios a largo plazo. Así, parecería lógico que las medianas comercializadoras pudieran competir, ya que el hecho de tener que aguantar financieramente 2 años de grandes pérdidas de tesorería provocaba la inviabilidad de las comercializadoras de competir con las grandes.

Hoy ya podemos corroborar, antes de que dé comienzo el nuevo 2024, lo que veníamos avisando: el mercado se está desplomando y ya tenemos los precios de mercado de los siguientes años cerca de los 60 euros por megavatio, con lo que lejos de utilizar la medida como un método de contención de precios se ha convertido en un secuestro de clientes a hasta el año 2027, con precios mas de un 30% por encima del precio de mercado. El hecho de no haber actuado directamente sobre la raíz del problema para salvar los altos precios en momentos excepcionales ha provocado que los que cerraron estos acuerdos con las grandes eléctricas vayan a tener que sufrir estos altos precios durante muchos años.