El Club de Exportadores rechaza las declaraciones del Ministro de Derechos Sociales

Según han publicado diversos medios, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha comenzado a enviar cartas a empresas españolas en Israel para pedirles que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades «contribuyan al genocidio en Palestina».

Según recoge la agencia oficial EFE, el departamento ministerial de Bustinduy, que no tiene competencias en esta materia, y después de una reunión con el embajador de Palestina en España, ha emplazado a las empresas a “reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para frenar los riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza.”

También se insta a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica, y solicita a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que los consumidores conozcan las actuaciones que están llevando a cabo, “ y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino”.

Ante todo lo anterior, el Club de Exportadores e Inversores Españoles quiere hacer constar que:

El Club es una organización partidaria de la paz y de las soluciones negociadas a los conflictos, que condena cualquier violencia ejercida sobre población civil, sea cual sea el bando que la realice.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 carece de competencias en la materia y evidentemente invade las áreas correspondientes a las carteras de Asuntos Exteriores y Economía, que no han secundado el contenido de la misiva.

Tanto las empresas españolas que comercian con Israel, como aquellas otras que operan en ese país, se ajustan a la legalidad internacional y lo hacen en la convicción de que el Estado de Israel es una democracia con la que España mantiene relaciones diplomáticas de acuerdo con la legalidad internacional, y vínculos históricos seculares.

Israel es, asimismo, uno de los pocos países de la región con los que España mantiene un saldo comercial positivo, si bien en los meses transcurridos desde los atentados terroristas del 7 de octubre, y a raíz de la posición adoptada por el gobierno español, las exportaciones españolas a Israel se han reducido un 33 % y ha prácticamente desaparecido el superávit en nuestra balanza comercial bilateral.

El Club debe rechazar firmemente el intento del ministro de hacer recaer sobre las empresas españolas que exportan o invierten en Israel la responsabilidad de supervisar cuestiones que evidentemente se escapan a sus posibilidades de control y que no están sometidas a sanciones por parte de la Unión Europea, y que pudieran ser consideradas ilegales, o incluso delictivas, por el Estado de Israel.

La única obligación de las empresas exportadoras e inversoras españolas debe ser en este caso, como en el resto de sus operaciones internacionales, el estricto cumplimiento de la legalidad española y del país donde operen, en este caso Israel, en el contexto de lo que la Unión Europea disponga al respecto.