El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 199.171 millones para 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2025, que se eleva ligeramente a la cifra récord de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Con este paso, el Ejecutivo da inicio a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el año, con el objetivo de impulsar la economía, teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.

«Damos un paso decisivo en el camino de formulación de unas nuevas cuentas públicas para el año 2025, que esperamos presentar en tiempo y en forma y, por tanto, tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre del año en curso», aseguró la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde desglosó el nuevo límite de gasto no financiero para 2025.

Montero explicó que esta cifra de 199.171 millones es «bastante similar» a la registrada el año anterior, ligeramente superior, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos ‘Next Generation EU’.

«En cualquier circunstancia, los fondos europeos siguen siendo una palanca imprescindible para la transformación de nuestro modelo productivo, fundamentalmente en digitalización, transición verde o cohesión territorial», señaló la ministra.

Sin tener en cuenta los fondos europeos, el ‘techo de gasto’ se eleva en 2025 a 195.353 millones, un 3,2% más respecto al año pasado (6.138 millones más). «Es un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal», subrayó la titular de Hacienda.

Junto con el ‘techo de gasto’, el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2027, que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.

Se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, casi dos puntos menos en 2026, hasta el 101,8%. En 2027, la deuda estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.

Una vez conocidos el techo de gasto y la senda fiscal, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, primero por el Congreso y posteriormente por el Senado. Sin embargo, el Gobierno ya ha asegurado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria, eliminando esta facultad del Senado en la reciente Ley de Paridad.

De este modo, el Ejecutivo, que no cuenta con la mayoría necesaria en el Parlamento, confía en que sus socios habituales ratifiquen los objetivos y pueda comenzar así a elaborar las cuentas públicas del próximo año, que pretende aprobar en tiempo y forma, considerando que este año se han prorrogado las de 2023.

Dentro del techo de gasto se incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un incremento del 7% respecto al último presupuesto aprobado. «Esta partida cumpliría con la totalidad de recomendaciones del Pacto de Toledo y muestra el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad del sistema», subrayó Montero.

La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, con un déficit del 2,2% en 2025, 1,8% en 2026 y 1,5% en 2027.

Las Comunidades Autónomas contarán con un mayor margen fiscal, con un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, frente al superávit del 0,1% anterior, lo que implica dos décimas más de margen fiscal. Para 2026 y 2027, el límite de déficit también será del -0,1%.

Los ayuntamientos y corporaciones locales tendrán una senda de estabilidad más beneficiosa, con un objetivo de equilibrio presupuestario para 2025 y 2026, en lugar del superávit del 0,1% y 0,2% respectivamente.

En cuanto a la deuda pública, el objetivo para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, 20% en 2026 y 19,4% en 2027. La deuda de los ayuntamientos descenderá del 1,3% en 2025 y 2026 al 1,2% en 2027.

La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los próximos tres años, dejando atrás el 0,1% previsto para 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.

La ministra de Hacienda detalló que la proyección para los ingresos del Estado es un incremento del 5,4% en 2025, mientras que los ingresos tributarios aumentarán un 6,5%.

En cuanto a la regla de gasto, el Gobierno la fijó en el 3,2% en 2025, 3,3% en 2026 y 3,4% en 2027, compatible con la tasa de crecimiento del gasto primario neto, la variable principal de las nuevas reglas fiscales europeas.

Para el plan fiscal estructural de medio plazo vinculado a las nuevas reglas fiscales, que debe remitirse a la Comisión Europea a partir de septiembre, la vicepresidenta primera indicó que se elaborará siguiendo los principios que marca la tasa de crecimiento del gasto primario neto.

Montero avanzó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 profundizarán en la consolidación de derechos, el fortalecimiento de las clases medias y trabajadoras y el impulso a la transformación del tejido productivo.