La factura electrónica se posiciona como uno de los temas calientes para las empresas con vistas a 2025. El nuevo año llegará de la mano de dos importantes cambios legales que tendrán una incidencia directa en el funcionamiento de pymes y autónomos de nuestro país. Las conocidas como ‘Ley Crea y Crece’ y ‘Ley Antifraude’ plantean un escenario que pone sobre la mesa la obligatoriedad de que toda la facturación en el ámbito privado pase a ser electrónica y además esté sometida a software homologado que garantice su transparencia.

Este hecho, que a priori suena alentador, esconde una problemática de fondo que afecta a un número significativo de empresarios y emprendedores: una praxis operativa rudimentaria consolidada a lo largo de décadas. Los datos, en este sentido, constituyen el mejor pincel para trazar el boceto de la realidad.

Un estudio publicado por la consultora tecnológica Aitana-Opentix revela que el 84% de las pymes españolas no se encuentra, a día de hoy, adaptada a las exigencias de los marcos normativos que entrarán en vigor en apenas unos meses. Es más, el 9% de ellas admite no tener siquiera un plan trazado para cumplir con los requerimientos que las nuevas leyes van a plantear.

En el caso de los autónomos, el panorama no resulta más esperanzador. El 69% de ellos —y el 45% de las micropymes— continúa realizando sus facturas a mano, según un informe que la firma tecnológica TeamSystem dio a conocer hace escasos días. El mismo estudio revela que el 47% de las empresas españolas desconoce la existencia de la ‘Ley Crea y Crece’ y casi la mitad de las que la conocen considera que el proceso de adaptación va a resultar “especialmente difícil”.

El desafío parece importante. Asimilar la dinámica que asoma en el horizonte va a exigir, en muchos casos, algo de esfuerzo y también inversión. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en unos 300 euros por empresa de media el coste de emisión de facturas electrónicas. Aunque también se debe tener en cuenta el ahorro que puede suponer frente a los gastos derivados de la factura manual. En todo caso, y pese a la estrechez de los plazos, conviene poner en valor los beneficios laterales que las nuevas leyes pueden generar en nuestro tejido.

Si miramos más allá de lo inmediato, la implementación de herramientas digitales asociadas a la factura electrónica puede ejercer de fuerza trasformadora en la gestión interna de las pequeñas empresas. La adopción de nuevos sistemas conllevará una reducción significativa en los errores contables —que generan pérdidas por encima de los 3.600 millones de euros al año—, un aumento en la eficiencia de procesos administrativos y una gestión más óptima del flujo de caja. Estas variables siempre facilitan un autoconocimiento financiero más preciso y, en consecuencia, potencian un plan de crecimiento más sólido.

En este aspecto, la ‘Ley Antifraude’ va a jugar también un papel importante. Su enfoque, basado en la búsqueda de la transparencia fiscal, impulsará a los actores empresariales a apoyarse necesariamente en programas de contabilidad y gestión validados por la Agencia Tributaria. Las hojas de cálculo y facturas en Word o formato PDF pasarán a la historia en detrimento de los sistemas VeriFactu, soluciones de software específicas —cuya implantación no será obligatoria de momento— que remiten directamente a Hacienda todos los registros de facturación de una empresa, evitando las dobles contabilidades y una eventual manipulación de recibos.

Esta digitalización forzosa de los procedimientos de pago y cobro en España, al margen de sus bondades legales, promoverá que un buen número de empresarios y autónomos adopten pautas de acción innovadoras nunca antes usadas, algo que debería servir para derribar barreras y, quizá, abrir la puerta a una estrategia sostenida de adopción de nuevas herramientas. A veces llegar a la meta sólo depende de dar el primer paso.

Por todo ello, es bueno que contemplemos también el potencial de oportunidad que emerge en torno a las nuevas normas, en medio de una entendible espiral crítica que seguramente crecerá conforme se acerque el momento clave. El verdadero reto, en este caso, radica en hacer del requisito legal una rampa de despegue que permita impulsar a pymes y autónomos hacia un futuro más eficiente, sostenible y competitivo. Es algo que, pese a las molestias iniciales, puede resultar valioso a largo plazo, en aras de modernizar la economía y fortalecer el músculo de nuestras empresas.