En el marco de su Asamblea General, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado su proceso electoral, que ha culminado con la elección unánime de su nueva Junta Directiva. El proceso ha confirmado la continuidad de Antoni Cañete como presidente de la entidad, una responsabilidad que asume nuevamente con el respaldo de todas las organizaciones que integran la plataforma. Aunque esta decisión se ha tomado en la Asamblea, la formalización del nuevo órgano de gobierno tendrá lugar dentro de dos meses, en la próxima Junta.

La nueva Junta Directiva está formada por nueve organizaciones de amplia trayectoria en la defensa de buenas prácticas empresariales y en la lucha contra la morosidad: la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (AEFIMIL), la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), la Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros y SATE (ANFAPA), la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica (FACEL), la Federación de Áridos, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (FENIE), la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) y la Unión de Almacenistas de Hierro de España (UAHE). Cinco de estas entidades –AFME, FACEL, FENIE, PIMEC y UAHE– son además miembros fundadores de la PMcM, lo que refuerza su compromiso histórico con la misión de la plataforma.

Este nuevo mandato, con una duración de cuatro años, arranca en un contexto económico especialmente delicado. La incertidumbre marca la agenda global: el aumento del gasto en defensa, las tensiones derivadas de posibles guerras comerciales, los elevados niveles de endeudamiento público y las pérdidas generalizadas en las cuentas de los Bancos Centrales configuran un escenario que penaliza la estabilidad financiera de muchas empresas. Esta situación repercute directamente en la morosidad, afectando de manera más severa a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que carecen de la capacidad de negociación de las grandes compañías.

Los datos más recientes del Informe de Plazos de Pago elaborado por la PMcM, correspondiente a 2024, confirman el deterioro de los pagos en el ámbito público. En el último año, el plazo medio de pago del sector público ha aumentado en 12 días, alcanzando una media de 67 días, lo que supone una clara vulneración de lo establecido por la Ley 15/2010, que fija en 30 días el límite legal. Por el contrario, el sector privado ha reducido sus plazos en seis días, situándose en una media de 64 días, todavía por encima del tope legal de 60 días. Por primera vez desde 2014, el sector público registra peores cifras de pago que el privado, una situación que la PMcM considera alarmante y que requiere medidas urgentes.

Antoni Cañete ha manifestado que “no existe justificación para este incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas, especialmente en un momento en el que la Administración está incrementando su recaudación. Los gobiernos, si quieren demostrar un compromiso real con la lucha contra la morosidad, deben empezar por cumplir sus propias normas. La ejemplaridad institucional es la única vía para generar un cambio de cultura de pagos”.

El informe también revela que al 61 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los que permite la ley, sin que estas prácticas ilegales conlleven sanciones. A pesar de ello, el 92 % de estos proveedores no reclama la indemnización legal por los costes de recobro, y el 84 % nunca o casi nunca exige intereses de demora. Esta pasividad generalizada responde, según la PMcM, a una cultura empresarial en la que pagar tarde es beneficioso: el deudor se financia gratis a costa del acreedor, ya que el valor real del dinero disminuye con el tiempo, generando un incentivo perverso para retrasar los pagos.

Objetivos 2025

La PMcM afronta este nuevo ciclo con una hoja de ruta clara y ambiciosa. Entre sus prioridades destaca la labor de información sobre el futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad impulsado por la Comisión Europea, que incluirá un régimen sancionador aplicable a las empresas que incumplan los plazos. La plataforma también tiene como objetivo trasladar a los grupos políticos la necesidad urgente de actuar frente a la morosidad, influyendo en sus propuestas de enmiendas durante la tramitación del nuevo marco legal. Asimismo, seguirá defendiendo que la única forma de acabar con la morosidad en el sector privado es mediante la implantación de un régimen sancionador en España que sea firme y eficaz.

Otro de los ejes estratégicos será asegurar la participación activa de la PMcM en espacios clave como el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio de la Morosidad, cuyo funcionamiento urge activar. La plataforma también pedirá a otras administraciones públicas que sigan el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado que implementará el pago directo a subcontratistas en determinados contratos públicos, una medida que puede marcar un antes y un después en la contratación pública.

La PMcM representa a cerca de un millón de empresas a través de sus organizaciones miembro, con una cifra de negocio que se aproxima a los 150.000 millones de euros y que da empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Su legitimación activa en el ámbito de la morosidad está reconocida por la propia Ley 15/2010.

Con una Junta Directiva renovada, liderada de nuevo por Antoni Cañete, la PMcM refuerza su compromiso con la erradicación de los retrasos en los pagos y avanza en su misión de construir una economía más justa, eficiente y respetuosa con los derechos de las pymes y los autónomos.

“El reto no es técnico, es de voluntad política y de cumplimiento. Estamos más cerca que nunca de conseguir un marco legislativo que acabe con los abusos en los pagos. No pararemos hasta lograrlo”, ha concluido Cañete.