Endesa reclama 454 millones por el alza de la tasa Enresa y plantea alargar la vida de Almaraz

Endesa ha presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por un importe de 454 millones de euros. La compañía considera que la subida del 30 % de la denominada tasa Enresa, destinada a cubrir los costes de gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares, ha provocado un perjuicio económico que vulnera lo pactado en el protocolo de cierre de 2019.

El aumento de la tasa elevó su valor desde los 7,98 euros por megavatio hora (MWh) a los 10,36 euros/MWh. Este cambio, aprobado por el Gobierno hace un año para adaptar la tasa al coste previsto en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, ha sido calificado por Endesa como una alteración sustancial de las condiciones acordadas. Según ese protocolo, el incremento máximo de la tarifa debía ser del 20 %.

El Ministerio ha confirmado la recepción de la reclamación y ha trasladado la defensa del caso a la Abogacía del Estado. Ahora se espera un informe del Consejo de Estado. En caso de rechazo, como es habitual, Endesa podría recurrir a la vía judicial, siguiendo el ejemplo de Iberdrola, que en febrero presentó una demanda contencioso-administrativa reclamando 324 millones por el mismo motivo.

Además de cuestionar la subida de la tasa, Endesa e Iberdrola han planteado una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares, en especial de la planta de Almaraz. Según esta propuesta, firmada por ambas compañías pero no por Naturgy ni EDP, se mantendría la fecha de cierre global en 2035 pero se alargarían los plazos intermedios. En el caso de Almaraz, se sugiere ampliar la operación del primer grupo, previsto para cerrar en 2027, hasta 2030. Esta ampliación reduciría la presión financiera de la tasa Enresa al repartirse los pagos en más años de producción.

El Ministerio ha descartado que esta propuesta cumpla con los requisitos necesarios para ser tramitada formalmente, al considerarla una mera «declaración de intenciones». Las condiciones establecidas por el Gobierno para permitir una prórroga son tres: seguridad para las personas, garantía del suministro eléctrico y ausencia de impacto económico para la ciudadanía. El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que cualquier extensión deberá ser costeada por las propias compañías, no por el contribuyente.

En el caso específico de Almaraz, cuya gestión corresponde a la sociedad CNAT, cualquier decisión requiere el consenso unánime de los socios. Iberdrola posee el 52,7 %, Endesa un 36 % y Naturgy el 11,3 %. Pese a las diferencias, las tres han mostrado su disposición a prorrogar la vida útil si se dan las condiciones adecuadas.

Uno de los puntos más polémicos es la elevada fiscalidad sobre la energía nuclear en España. Un estudio de EY advierte que el país es el único en Europa con impuestos adicionales sobre las centrales nucleares, como el que grava la producción de residuos y las ecotasas autonómicas, que alcanzan los 9,2 euros/MWh. Según el mismo informe, el coste fiscal total que afrontan los operadores españoles asciende a 27,3 euros/MWh brutos, frente a sistemas más racionalizados en países como Francia, Reino Unido o Finlandia.