La evaluación de riesgos, la piedra angular de la prevención laboral

David Cazallas | 29/10/2025

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está a punto de cumplir treinta años desde su aprobación. Tres décadas en las que se ha convertido en un referente en la mejora de las condiciones de trabajo en España, pero también en un marco que hoy necesita revisión para responder a los cambios sociales, tecnológicos y organizativos que han transformado el mundo laboral. Con la reforma normativa en el horizonte, la evaluación de riesgos vuelve a situarse en el centro del debate. No es casualidad: este instrumento ha sido, y sigue siendo, el punto de partida de cualquier estrategia preventiva. Más que un simple trámite, es la base sobre la que se levanta todo el edificio de la seguridad y la salud en las empresas.

En sus primeros años, la evaluación de riesgos se convirtió en la actividad preventiva más trabajada por parte de las compañías. Era lógico: había que poner nombre y datos a los riesgos laborales de cada centro de trabajo y diseñar un mapa inicial para intervenir sobre ellos. Hoy mantiene ese sentido en empresas de nueva creación o en aquellas que atraviesan cambios profundos, pero superada esa fase, la evaluación debe entenderse como un documento operativo que oriente la acción preventiva de manera constante y actualizada. El verdadero valor de una evaluación no está en acumular informes, sino en que se convierta en una herramienta útil, viva y capaz de guiar decisiones.

 

“Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la evaluación de riesgos en España ha seguido una trayectoria de consolidación y madurez. El balance, a grandes rasgos, es positivo, habiendo todavía muchas oportunidades de mejora en la integración real de la prevención en todos los niveles de las empresas y cumpliendo unos estándares mínimos de calidad de dichas evaluaciones”, asegura Concha Fuentes Romero, personal técnico de prevención de riesgos laborales. 

Del diagnóstico a la acción preventiva

Toda evaluación comienza con un paso ineludible: conocer y analizar los daños a la salud registrados en la empresa en los últimos años. Accidentes, incidentes y enfermedades profesionales ofrecen la perspectiva necesaria para orientar las medidas hacia la reducción real de riesgos. A este análisis deben sumarse inventarios actualizados de maquinaria, productos químicos y procesos productivos, porque solo con un conocimiento completo de la actividad se puede diseñar un plan preventivo ajustado a la realidad.

El proceso de recogida de datos en campo refuerza esta idea. No basta con observaciones superficiales: debe tratarse de un ejercicio planificado, informado con antelación y que garantice la participación de trabajadores, representantes y personal técnico. Se trata de un trabajo colectivo en el que metodologías como las listas de chequeo son aliadas valiosas para asegurar que ningún aspecto evaluable quede fuera del análisis.

Con toda esa información, la elaboración del documento final exige claridad y estructura. El informe debe organizarse en bloques que aborden tanto cuestiones transversales como específicas: desde el grado de implantación del Plan de Prevención hasta la seguridad de las instalaciones industriales, pasando por las condiciones de los lugares de trabajo, la revisión de máquinas o la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos. Tampoco pueden olvidarse los riesgos ergonómicos y psicosociales, cada vez más relevantes en un contexto de cambios organizativos y nuevas formas de empleo. El resultado no es solo una fotografía del presente, sino un diagnóstico que permite anticipar y corregir deficiencias.

 

 

Un plan realista para empresas vivas

El gran salto de calidad llega cuando la evaluación se convierte en acción. De nada sirve un diagnóstico impecable si no se traduce en medidas claras, personalizadas y adaptadas a cada empresa. La planificación de la actividad preventiva es la pieza clave que convierte el análisis en resultados tangibles. En ella se agrupan medidas correctivas con responsables asignados, plazos de ejecución y presupuesto; controles periódicos que aseguren un seguimiento constante; procedimientos de trabajo que detallen la forma segura de realizar tareas peligrosas; e incluso la obligatoriedad de contar con recursos preventivos para vigilar el cumplimiento en situaciones de especial riesgo.

Junto a ello, la formación ocupa un lugar decisivo. La evaluación debe identificar necesidades específicas para cada puesto y trasladarlas a un calendario que garantice que el conocimiento llega de forma práctica a las personas trabajadoras. Lo mismo ocurre con la información, que requiere canales efectivos y fichas claras que traduzcan las medidas en instrucciones comprensibles. Tampoco pueden faltar los equipos de protección individual: la evaluación debe especificar qué EPI corresponden a cada tarea, cuál es su disponibilidad real en la empresa y hasta qué punto se utilizan correctamente.

El valor de la evaluación de riesgos radica precisamente en que no es un documento estático. Igual que las empresas cambian, se transforman y se enfrentan a nuevos desafíos, también lo debe hacer la prevención. Por eso es imprescindible que las medidas se revisen, se adapten y se actualicen de manera continua. La prevención no se mide en número de páginas, sino en la capacidad de convertir recomendaciones en prácticas cotidianas que reduzcan riesgos y protejan la salud.

Un instrumento que debe mirar al futuro

Si la evaluación de riesgos fue decisiva en los años noventa para implantar una cultura preventiva en España, hoy debe evolucionar para responder a nuevas realidades. La edad de las plantillas, la perspectiva de género y los cambios en la organización del trabajo son factores que no se contemplaban con claridad en el marco normativo original y que ahora deben integrarse de forma explícita. 

Tal y como explica Patricia Martínez de Miguel, personal técnico de prevención de riesgos laborales, “Desde el punto de vista de género, es fundamental reducir los prejuicios realizando evaluaciones basadas en resultados reales, formando a quienes evalúan para evitar estos sesgos y valorando habilidades que no estén asociadas a un género específico. En los nuevos modelos de trabajo, como el teletrabajo o el trabajo híbrido, las evaluaciones deben enfocarse en medir si se cumplen los objetivos, valorar la autonomía del trabajador y la eficacia en la comunicación a distancia, además de utilizar herramientas que lo favorezcan”.

Pero no basta con declaraciones de principios: es necesario que la futura reforma de la Ley de Prevención traduzca estas realidades en obligaciones claras y tangibles, que ofrezcan respaldo legal a los técnicos y garanticen evaluaciones ajustadas al siglo XXI.

“Para que la Evaluación de Riesgos Laborales tenga un verdadero valor práctico, una futura reforma normativa debería enfocarse en reforzar su utilidad real dentro de la gestión preventiva”, comenta Luis J. Garzón Sánchez, personal técnico de prevención de riesgos laborales. “Esto implica establecer la revisión periódica obligatoria, más allá de los cambios puntuales, integrar de forma explícita los riesgos psicosociales y organizativos, asegurar la participación activa de los trabajadores y aplicar una perspectiva de género y edad en la identificación de riesgos”. 

Treinta años después, la evaluación de riesgos sigue siendo el documento que lo cambia todo. No se trata de un trámite burocrático, sino de un compromiso vivo con la salud de quienes trabajan. Es el cimiento sobre el que se construye la seguridad laboral y la brújula que orienta las políticas preventivas en tiempos de cambio. En un mundo laboral sometido a transformaciones aceleradas, mantener evaluaciones rigurosas, participativas y adaptadas es la mejor garantía de que la prevención sea una realidad que proteja la vida y la dignidad de las personas en el trabajo.