El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que será plenamente operativo a partir del 1 de enero de 2026, suma otro peldaño para seguir avanzando en la descarbonización de la economía europea. Esta nueva regulación tiene como propósito garantizar que los productos importados se enfrenten a los mismos costes de emisión de carbono que los producidos en la Unión Europea (UE), evitando así la conocida como «fuga de carbono», que genera desigualdad entre los productos internos y aquellos importados. Sectores como la electricidad o el hidrógeno se verán muy afectados desde ya mismo por esta nueva norma.

La UE consolida su papel como referente regulatorio en descarbonización con este mecanismo. Los sectores inicialmente afectados —cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad— concentran buena parte de las emisiones industriales globales y han sido históricamente muy sensibles a la competencia internacional. Bruselas los priorizó por su alto riesgo de fuga de carbono y su peso estratégico, pero ya estudia su ampliación futura a otros sectores.

El impacto afecta a los importadores europeos y también a los productores en terceros países, que deberán proporcionar datos verificables de las emisiones generadas durante la fabricación de sus productos. Por ello, las empresas que operan en países con menores regulaciones climáticas necesitarán adaptarse rápido para mantener su presencia en el mercado europeo.

Para los importadores, el mecanismo implicará nuevas responsabilidades: registrarse en el portal CBAM de la UE, adquirir certificados equivalentes a las emisiones implícitas de las mercancías importadas y presentar una declaración anual cada 30 de septiembre. A partir de 2027, estas declaraciones reflejarán por primera vez las importaciones del año 2026. El precio de los certificados estará vinculado al sistema europeo de comercio de emisiones, reforzando la coherencia del marco regulatorio. Si el país de origen ya aplica un coste al carbono, este podrá descontarse para evitar una doble imposición.

Esta regulación, por tanto, no es solo un mero “impuesto” o arancel. Más bien obliga a modificar la forma en que las empresas monitorizan, verifican y comunican sus emisiones. Obliga a revisar procesos, mejorar la eficiencia energética y adoptar tecnologías más sostenibles. 

A medida que nos acercamos a 2026, muchas compañías afrontan un doble reto: comprender la complejidad técnica del CBAM y adaptarse a tiempo para no ver afectada su competitividad. El mecanismo actúa como palanca para acelerar la descarbonización global, pero también introduce nuevas responsabilidades y costes que requieren planificación estratégica. La capacidad de anticipación será clave. Aquellas organizaciones que integren la gestión del carbono en su modelo de negocio ajusten sus cadenas de suministro y establezcan mecanismos sólidos de verificación se posicionarán con ventaja.

En Baker Tilly acompañamos a las empresas en este proceso de adaptación, aportando análisis técnico, visión estratégica y experiencia en cumplimiento normativo. Entendemos que el CBAM no es solo una obligación, sino una oportunidad para innovar, ganar resiliencia y construir ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo. Las empresas que actúen ahora, que se preparen y adopten decisiones informadas, estarán mejor posicionadas para liderar esta nueva etapa industrial impulsada por la descarbonización.