La última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE deja un balance agridulce del mercado laboral español. A primera vista, las cifras parecen optimistas: España alcanza un máximo histórico de más de 22 millones de ocupados. Sin embargo, al mirar más de cerca emergen datos preocupantes que ensombrecen el panorama. Detrás de ese récord de empleo se esconden realidades menos favorables: la creación de puestos de trabajo ha sido de las más débiles en muchos años, el desempleo ha repuntado y, sobre todo, seguimos perdiendo trabajadores autónomos al mismo ritmo que ganamos empleados públicos.

En este tercer trimestre, mientras el sector público sumó 10.800 ocupados más, el colectivo de trabajadores por cuenta propia (autónomos) se redujo en 10.500 personas. Que caigan los autónomos al mismo ritmo que crecen los funcionarios es una pésima noticia para la economía. No es solo cuestión numérica: hace unos meses supimos que el número de empleados públicos ya supera al de autónomos en España, algo inédito hasta hace poco, y con esta EPA la brecha sigue ampliándose.

¿Por qué importa este desequilibrio? Los autónomos suelen aportar ingresos netos a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos), mientras los empleados públicos suponen un coste (sus salarios salen de los presupuestos). Si cada vez hay menos gente emprendiendo y más cobrando del erario, se genera un desajuste peligroso. A largo plazo, esto puede tensionar la sostenibilidad de la Seguridad Social y frenar el dinamismo empresarial del país.

Otro dato inquietante es que, pese al récord de ocupación, el paro también aumentó en 60.100 personas entre julio y septiembre, elevando la tasa de desempleo hasta el 10,45%. Puede no parecer mucho, pero España sigue siendo de los países con más paro de la UE (es el único con una tasa de dos dígitos). Más preocupante es el caso de los jóvenes: el desempleo juvenil rebasa el 25% (uno de cada cuatro menores de 25 años sin trabajo). Somos el país europeo con peores cifras de empleo juvenil, una losa para el futuro de una generación.

Además, las cifras oficiales probablemente subestiman el desempleo real. Bajo la alfombra estadística quedan colectivos como los trabajadores con contrato fijo-discontinuo que, aunque pasen meses sin empleo, no figuran como parados en la EPA. Esta modalidad contractual permite que muchas personas se contabilicen como ocupadas permanentemente cuando en la práctica alternan periodos de trabajo y paro. En otras palabras, hay miles de «parados ocultos» que no aparecen en las listas del desempleo por un mero artificio estadístico.

En conjunto, el análisis técnico dista de ser positivo. El aumento de la ocupación (118.400 empleos más) ha sido el segundo peor tercer trimestre en 12 años (solo 2019 fue peor). Normalmente el verano impulsa con fuerza el empleo en España, pero esta vez ese efecto ha sido mínimo. Si a eso sumamos el repunte del paro y la pérdida de autónomos, queda claro que no hay lugar para triunfalismos.

No es para estar satisfecho. Detrás del titular del récord de ocupación persisten problemas estructurales: se crea empleo a un ritmo cada vez más lento, dependemos en exceso del empleo público y estacional, y mantenemos una tasa de paro (especialmente juvenil) inaceptablemente alta. Aunque nunca hubo tanta gente trabajando, la calidad y sostenibilidad de la recuperación distan de ser las ideales. En otras palabras, no son cifras para sacar pecho, sino para reflexionar con prudencia, sin autocomplacencia.