Indra afronta un consejo clave entre las dudas del Gobierno y la presión judicial de General Dynamics

Indra celebrará este jueves una reunión de su consejo de administración con el objetivo de avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering, si bien el encuentro estará condicionado por las crecientes dudas del Gobierno sobre la operación y por la batalla judicial iniciada por Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la estadounidense General Dynamics.

La intención de Indra pasa por continuar con una fusión por absorción de EM&E, una operación que presenta relevantes conflictos de interés, dado que los propietarios de la compañía son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra en representación del 14,3 % del capital que EM&E posee en la compañía.

Actualmente, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra, solo por detrás del Estado, que controla un 28 % del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Aunque el Gobierno fue inicialmente el principal impulsor de la operación, en el Ejecutivo han surgido dudas sobre la idoneidad del planteamiento original. Más allá de los conflictos de interés, la principal preocupación es evitar la pérdida de control de la mayor empresa nacional de defensa, especialmente en el actual contexto geopolítico.

Uno de los elementos clave del proceso es la valoración final de EM&E, ya que de ella dependerá el tipo de canje de acciones en una eventual fusión por absorción y, en consecuencia, el peso que la compañía tendría en el capital de Indra. En este escenario, y según diversas informaciones de medios económicos, se prevé que en la reunión del consejo se analicen alternativas a la fusión por absorción inicialmente planteada.

En paralelo a las dudas del Ejecutivo, ha emergido el respaldo de Amber Capital, cuarto mayor accionista de Indra con un 7,24 % del capital. La gestora considera que las partes deben alinearse para crear un campeón nacional de la defensa, según expuso su consejero delegado, Camilio Azzouz, en declaraciones a la prensa económica.

Más allá del proceso corporativo, la reunión del consejo estará marcada por la ofensiva judicial emprendida por Santa Bárbara Sistemas contra la adjudicación de determinados contratos militares por parte del Ministerio de Defensa a Indra y EM&E. En concreto, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0 % de interés concedidos a la unión temporal de empresas formada por Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno.

Estos créditos están vinculados a los programas de obuses de ruedas, con un importe de 1.181 millones de euros, y de obuses de cadenas, por 1.821 millones de euros. Además, Santa Bárbara ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la adjudicación de los propios contratos, cuyo importe conjunto asciende a 7.240 millones de euros.

Al margen de la prefinanciación, concedida el pasado mes de octubre, los contratos fueron adjudicados el 22 de diciembre, con un presupuesto de casi 2.686 millones de euros para el obús de ruedas y de 4.554 millones de euros para el de cadenas. No obstante, las tensiones entre Indra y General Dynamics se remontan al año pasado, cuando la compañía española intentó adquirir la fábrica de Trubia, en Asturias, una operación que fue rechazada por la multinacional estadounidense.

Estas desavenencias han ido más allá de los contratos de artillería. Santa Bárbara ha acusado a Indra de espionaje industrial en un caso en el que estaría implicado el director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, antiguo empleado de Santa Bárbara. Según fuentes conocedoras de la situación, este último episodio habría generado un notable malestar interno en la compañía.