Los últimos episodios de incidencias en la red de alta velocidad han reavivado un problema recurrente en el derecho del transporte: la distancia entre lo que el viajero sufre y lo que después puede acreditar jurídicamente.

Cada vez que un tren se retrasa, se cancela o sufre una avería, el pasajero se encuentra en una situación paradójica. Por un lado, el perjuicio es evidente. Por otro, su posición probatoria suele ser débil. No porque carezca de derechos, sino porque no ha dejado constancia adecuada de cómo los ejercitó.

La práctica demuestra que muchas reclamaciones fracasan no por falta de fundamento, sino por defectos en la forma. Las quejas en redes sociales, los mensajes informales o las llamadas telefónicas pueden servir para canalizar el malestar, pero rara vez constituyen prueba útil si el conflicto escala a consumo o a los tribunales.

Una reclamación sólida comienza antes de escribir una sola línea. Lo primero, conservar el billete, el localizador, los avisos oficiales de la operadora y cualquier documento relacionado con el viaje es el primer paso. El segundo es fijar los hechos con precisión: hora prevista, hora real, duración del retraso, asistencia recibida y daños concretos sufridos. La vaguedad juega siempre en contra del reclamante.

El tercer paso es decisivo y, paradójicamente, el más descuidado. No basta con reclamar. Hay que hacerlo por un canal que genere evidencia verificable de contenido, envío, recepción y lectura. En un contexto cada vez más digital, la mensajería certificada se ha convertido en una herramienta clave para ciudadanos y profesionales del derecho.

Un correo certificado y cifrado permite enviar la reclamación directamente a la compañía ferroviaria y obtener un registro técnico que puede ser aportado posteriormente ante organismos de consumo o en sede judicial. No es un simple email, sino una comunicación trazable ante terceros independientes.

En este ámbito, servicios como el Buromail cifrado de Legalpin están siendo utilizados no solo por empresas, sino también por particulares que quieren dejar constancia fehaciente de sus reclamaciones sin recurrir a burofax físicos ni desplazamientos. La utilidad práctica es evidente: si el asunto termina en litigio, el viajero puede acreditar que reclamó en tiempo y forma, con un rastro técnico imposible de controvertir.

Desde el punto de vista procesal, esto cambia el escenario. El juez o el órgano arbitral no tiene que reconstruir los hechos a partir de capturas de pantalla o testimonios dispersos, sino que dispone de una prueba estructurada que vincula contenido, identidad del remitente y momento exacto de la comunicación.

Igualmente relevante es saber qué no hacer. Retrasar la reclamación sin causa justificada, mezclar canales formales e informales de forma desordenada o formular peticiones genéricas debilita la posición del viajero. Tampoco es aconsejable reclamar “en abstracto”, sin cuantificar el perjuicio real o sin relacionarlo con el incumplimiento contractual del transportista.

Los recientes accidentes recuerdan que el transporte de alta velocidad no es infalible. Pero también ponen de relieve que el verdadero reto jurídico empieza después del incidente, cuando toca gestionar derechos, plazos y pruebas.

La buena noticia es que hoy existen herramientas digitales accesibles para cualquier ciudadano que permiten actuar con la misma robustez probatoria que un despacho especializado. Utilizarlas no es litigar por sistema, sino ejercer los derechos con criterio y previsión.