La Seguridad Social destina 14.431,9 millones a pensiones en julio

La Seguridad Social destinó en julio una cifra récord de 14.431,9 millones de euros al abono de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes del año anterior, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina incorpora la revalorización aprobada para 2026, que con carácter general asciende al 2,7%, en línea con el IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Durante este mes se abonaron 10.517.634 pensiones, un 1,54% más, a más de 9,5 millones de personas.

Del total, 6,73 millones correspondieron a pensiones de jubilación, más de 2,3 millones a viudedad, 1,06 millones a incapacidad permanente, 336.294 a orfandad y 46.895 a prestaciones en favor de familiares.

La pensión media de jubilación sube un 4,5%

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en julio en 1.372,2 euros mensuales, un 4,6% más que un año antes.

Esta cifra incluye las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, percibida por más de dos tercios del total de pensionistas, alcanzó los 1.573,7 euros mensuales, un 4,5% más que en julio de 2025.

Por regímenes, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.732,7 euros mensuales en el Régimen General y los 1.061,2 euros en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

En la Minería del Carbón, la cuantía media se situó en 3.003,9 euros, mientras que en el Régimen del Mar alcanzó los 1.738,1 euros.

La pensión media de viudedad fue de 975,7 euros mensuales.

Por su parte, la cuantía media de las nuevas altas de jubilación ascendió a 1.666,4 euros al mes, según los últimos datos disponibles, correspondientes a junio.

Las jubilaciones demoradas alcanzan el 11,9%

Hasta julio de 2026 se registraron 184.196 nuevas altas de pensiones de jubilación.

El 11,9% correspondió a jubilaciones demoradas voluntarias, un punto porcentual más que al cierre de 2025 y 7,1 puntos por encima del nivel registrado en 2019.

El aumento de las jubilaciones demoradas y la reducción de las anticipadas elevaron la edad media de acceso a la jubilación hasta los 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación y se modificó el marco legal de las jubilaciones anticipadas.

El 68,2% de los nuevos jubilados, un total de 125.584 personas, accedió a la prestación con la edad ordinaria.

El tiempo medio de resolución de los expedientes en junio fue de 7,2 días para las pensiones de jubilación y de 8,8 días para las de viudedad.

El plazo máximo establecido para resolver ambos procedimientos es de 90 días.

Más de 1,6 millones reciben el complemento de brecha de género

Un total de 1.619.109 pensiones incorporaron en julio el complemento para la reducción de la brecha de género.

El 71% de sus titulares eran mujeres, con 1.149.739 beneficiarias, y el importe medio mensual del complemento se situó en 76,8 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,5% correspondió a personas con un hijo, con 381.819 beneficiarios.

El 50,7% lo recibió por dos hijos, con 821.019 prestaciones; el 17,6% por tres hijos, con 284.719; y el 8,1% por cuatro o más hijos, con 131.522.

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros mensuales por hijo tras la revalorización aplicada en 2026.

La solicitud debe formalizarse en el momento de tramitar la pensión.

La nómina de Clases Pasivas supera los 3.500 millones

La nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió en junio, último dato disponible, a 3.514,7 millones de euros debido al abono de la paga extraordinaria.

Esta cifra supone un incremento de 197 millones de euros respecto al mismo mes del año anterior, un 5,9% más.

El número de pensiones en vigor alcanzó las 739.646, un 2% más, con 14.741 prestaciones adicionales. Este régimen cuenta con 719.566 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, además de funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.