El Gobierno endurece los requisitos para los nuevos centros de datos de más de 1 MW

El Consejo de Ministros ha aprobado tramitar por la vía de urgencia un proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos con una potencia superior a 1 MW.

La norma se somete ahora a audiencia pública y no afectará a las instalaciones que ya se encuentren operativas, sino a los centros que estén actualmente en desarrollo o construcción.

Según fuentes del Gobierno, el objetivo es anticiparse a una «avalancha» de proyectos vinculados al crecimiento de la inteligencia artificial y evitar posibles problemas energéticos o hídricos derivados de una expansión excesiva de estas infraestructuras.

El Ejecutivo quiere evitar situaciones como las registradas en otros países, donde el rápido crecimiento de los centros de datos ha obligado a establecer moratorias a nuevos desarrollos.

España ya supera ampliamente sus previsiones de potencia

La Estrategia de IA publicada por el Gobierno en 2024 estimaba para 2030 una potencia de computación de alrededor de 2,5 gigavatios.

Sin embargo, las solicitudes y permisos concedidos superan ampliamente esa cifra.

Desde 2021 ya se han otorgado más de 12 GW de acceso y conexión a la red para este tipo de proyectos.

El Gobierno considera que este elevado interés inversor permite a España seleccionar «los mejores centros de datos» y priorizar aquellos proyectos que aporten mayor eficiencia energética, hídrica, tecnológica, digital y de capacidad de cómputo.

Al menos el 80% del consumo deberá ser renovable

Uno de los principales requisitos de la futura norma será que al menos el 80% del consumo eléctrico hora a hora de los nuevos centros de datos proceda de fuentes renovables.

Además, esa generación deberá ser adicional.

Por cada nuevo megavatio consumido, deberá incorporarse un nuevo megavatio de capacidad renovable instalado durante los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro.

El suministro podrá garantizarse mediante instalaciones de autoconsumo o a través de contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA.

El objetivo es evitar que el crecimiento de estas instalaciones desplace la electricidad renovable destinada a otros consumidores o provoque un aumento de la demanda de generación con gas.

Los nuevos centros deberán obtener la etiqueta energética ‘A’

Las instalaciones también tendrán que cumplir los niveles más elevados de eficiencia energética e hídrica establecidos en el futuro sistema europeo de etiquetado de centros de datos.

Este marco está siendo desarrollado actualmente por la Comisión Europea y se prevé que entre en vigor en agosto de 2027.

Los nuevos centros de datos españoles deberán alcanzar la calificación ‘A’, siguiendo un sistema similar al utilizado para identificar los electrodomésticos más eficientes.

Los centros con una potencia superior a 500 kW tendrán además que remitir anualmente al Ministerio para la Transición Ecológica sus datos de eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación, de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.

Las instalaciones de más de 1 MW deberán informar asimismo sobre el cumplimiento de las mejores prácticas recogidas en la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética.

Los datos deberán permanecer dentro de la Unión Europea

La regulación también introduce exigencias en materia de soberanía digital.

El operador de la infraestructura tendrá que estar establecido en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros tratados deberán permanecer dentro del territorio comunitario.

Además, las instalaciones tendrán que garantizar un control efectivo sobre los accesos realizados desde terceros países.

Para acreditar estos requisitos, los operadores deberán suscribir una declaración responsable de obligado cumplimiento.

Los incumplimientos podrán provocar la pérdida de permisos

La futura regulación desarrolla lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 7/2026, que contemplaba la creación de un marco normativo obligatorio para estas infraestructuras.

El incumplimiento de las exigencias podrá acarrear penalizaciones.

Entre ellas se contempla la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red, además de la aplicación de cargos y peajes económicos.

Estas cuantías se destinarían a compensar los posibles sobrecostes que los incumplimientos generen en el sistema eléctrico y, en consecuencia, sobre la factura de los consumidores.

Los proyectos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse

Los centros de datos que actualmente se encuentren en proceso de tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones y demostrar su cumplimiento.

El plazo se reducirá a tres meses en el caso de los proyectos que se encuentren a la espera de la celebración de un concurso de acceso.

Aquellos que no puedan cumplir las nuevas exigencias podrán renunciar a sus derechos sin que se ejecuten las garantías depositadas.