Vivienda reparte 800 millones entre las comunidades para activar el Plan Estatal

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha completado la transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Esta cantidad forma parte de los 7.000 millones de euros previstos durante toda la vigencia del programa.

Los fondos servirán para poner en marcha nuevas políticas públicas en materia de vivienda en España.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el compromiso del Gobierno de España con todas las administraciones públicas ha sido «desde el primer momento» dar una respuesta «clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda».

Más vivienda pública y protegida

Rodríguez ha destacado que esta primera anualidad permitirá «hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia».

El Plan Estatal busca, entre otros objetivos, garantizar la protección permanente de las viviendas impulsadas con estos fondos, sin posibilidad de descalificación.

También establece que su adjudicación deberá realizarse mediante procedimientos públicos y objetivos.

El Gobierno refuerza el control sobre los fondos

Para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos, el Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial que regulará los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El procedimiento se desarrolla de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.

Habrá informes trimestrales y anuales

El Ministerio prevé poner en marcha un sistema común de intercambio de información que permita realizar un seguimiento periódico y detallado de la ejecución del programa.

Este mecanismo permitirá elaborar informes trimestrales y anuales destinados a evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

La supervisión deberá garantizar además aspectos esenciales del Plan, como la protección permanente de las viviendas financiadas y su adjudicación mediante criterios públicos y objetivos.