Si nos fiamos de los datos publicados por el INE y el banco de España, la economía española llega al último cuatrimestre del 2026 exhibiendo una resistencia que ha sorprendido a todos.

 

La economía española creció un 0,7% durante el segundo trimestre y un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la media europea y de las previsiones iniciales del Gobierno.  Este crecimiento se explica principalmente por el consumo de las familias (que acumula un 3,3% de crecimiento interanual, pese a que el sector exterior ha restado impulso, por el mayor crecimiento de las importaciones. Las previsiones sitúan el crecimiento de 2026 entre el 2,2% (Funcas) y el 2,4% (UE), aunque el Gobierno es más optimista y estima un 2,6%.

 

Más allá de las diferencias, hay un consenso claro, y es que España seguirá creciendo por encima del 2%, gracias a su fuerte demanda interna, algo que contrasta con la anemia generalizada del contexto europeo. Este crecimiento del consumo se apoya en buena parte en la evolución del empleo.

 

El empleo sigue siendo uno de los grandes apoyos de la economía. España cuenta ya con 22,78 millones de personas trabajando, más de medio millón más que hace un año, y la tasa de paro ha bajado del 10% según la EPA. Además, en julio la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado un nuevo máximo histórico, con más de 22,5 millones de trabajadores (un máximo histórico) con un crecimiento interanual del 2,9%, el mayor ritmo desde abril de 2023.

 

Detrás de esos números hay varias explicaciones. La primera es la fortaleza del turismo y los servicios, la construcción, así como determinadas actividades profesionales, tecnológicas y sanitarias. La segunda, menos debatida de lo que debería, es la inmigración: los trabajadores extranjeros representan ya el 15,6% de los afiliados, y en julio todo el crecimiento neto de afiliación lo aportaron trabajadores de origen extranjero. Sin esa aportación, el crecimiento del empleo y de la economía sería bastante menor.

 

Además, ha mejorado la estabilidad de los contratos. La temporalidad ha caído hasta el 13,4%, frente al 29,4% de 2021. Disponer de ingresos más previsibles sostiene la confianza de las familias y permite que sus decisiones de consumo sean menos reactivas a cualquier sobresalto.

 

Hay un dato que no podemos ignorar: el paro registrado repuntó en julio en casi 20.000 personas, al mismo tiempo que la afiliación a la SS marcaba un máximo histórico. Los dos datos parecen contradecirse, pero tienen una clara explicación: la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

 

El proceso de regularización ha sacado de la economía sumergida a decenas de miles de trabajadores que ya estaban empleados (en agricultura, hostelería, cuidados y construcción principalmente) pero que operaban sin contrato ni alta a la SS. Al regularizarse, acceden por primera vez a la Seguridad Social y también a los servicios públicos de empleo. Quienes encuentran trabajo formal engrosan la afiliación. Quienes todavía no lo han formalizado, se apuntan como demandantes de empleo y aparecen en el registro de paro. El resultado es que en julio los trabajadores extranjeros aportaron los 66.046 nuevos afiliados netos del mes, mientras el resto del mercado laboral, en conjunto, restó. Y los 2,3 millones de parados registrados, pese al repunte, son la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

 

No es, por tanto, un deterioro del mercado laboral, sino un afloramiento estadístico: trabajo que ya existía y que ahora, por fin se contabiliza.

 

Más allá de estos sectores, el consumo de las familias es el segundo gran motor del crecimiento. El aumento del empleo, los salarios y la población eleva la renta conjunta de los hogares (la resta interanual ha subido un 5,1%) y sostiene buena parte del gasto (que aumenta un 6,1%). Además, las familias parten de una situación financiera relativamente saneada: su deuda representa el 42,5% del PIB, la proporción más baja desde 1999. Esto no significa que consumir más reduzca la deuda, sino que el menor endeudamiento relativo les permite afrontar el final del año con mayor capacidad de gasto y resistencia ante posibles dificultades.

 

Dicho esto, la inflación interanual se ha situado en el 3,6% en julio (cuatro décimas más que en junio), lo que nos hace entender que una parte de este mayor gasto de las familias corresponde al incremento de precios…el gasto no aumenta tanto en términos reales. Esto ha implicado una reducción de la tasa de ahorro de las familias del 4,9 a 4,1%, por lo que las familias podrían afrontar el último cuatrimestre con mayor prudencia y sensibilidad al precio.

 

El repunte de la inflación tiene un componente exterior claro, ligado a los precios energéticos y a la inestabilidad geopolítica, pero también uno interno: los precios de los servicios siguen disparados por el crecimiento de los costes laborales, los altos alquileres, los seguros y el transporte.

 

A nivel positivo, hay que valorar los datos de inversión del primer semestre. La formación bruta de capital se prevé que crezca un 4,1% en 2026, gracias a la ejecución final de los fondos Next Generation, la construcción residencial, las energías renovables y la digitalización.

 

Las empresas llegan además con balances más sólidos: su deuda consolidada representa el 62,5% del PIB, el porcentaje más bajo desde 2001. En mi opinión, el examen vendrá el año que viene. Hasta ahora, los fondos europeos han funcionado como un impulso extraordinario para la inversión, especialmente en infraestructuras, digitalización y construcción no residencial. A partir de 2027, ese apoyo no desaparecerá de golpe, porque muchos proyectos continuarán ejecutándose y generando actividad, pero dejará de aportar el mismo empuje. El ITeC prevé que el crecimiento de la construcción se modere desde el 3,2% de 2026 al 2,4% en 2027 y al 1,8% en 2028.

 

La clave será comprobar si las empresas toman el relevo y mantienen la inversión con sus propios recursos. Para ello necesitarán confianza, financiación y un entorno regulatorio estable. La incertidumbre internacional, los costes financieros y la lentitud administrativa podrían llevarlas a retrasar proyectos justo cuando la economía necesita sustituir el estímulo europeo por inversión privada.

 

A nivel de riesgos para la segunda mitad del año, hay cuatro fragilidades que marcarán la segunda mitad del año.

1. La primera es la ya mencionada inflación, que el Banco de España prevé en el 3,6% de media para 2026. Su persistencia en servicios (más resistente a las bajadas de los tipos de interés, porque responde más a costes laborales y escasez de oferta que a demanda financiada con crédito) no invita a que el BCE aplique recortes de tipos de interés que aliviarían a hipotecados y empresas endeudadas.
2. La segunda es la debilidad de nuestras exportaciones, que llevan varios trimestres flojos, afectadas por la demanda europea deprimida, las barreras comerciales crecientes y un euro apreciado. La mala evolución del sector exterior restó seis décimas al crecimiento interanual en el primer semestre.
3. La tercera es estructural y la más difícil de resolver: la baja productividad. Funcas estima que crecerá apenas un 0,3% en 2026, mientras los costes laborales unitarios aumentarán alrededor del 3%. Crear empleo es una buena noticia, pero si la producción por trabajador apenas avanza, los costes empresariales suben y la competitividad se deteriora de forma silenciosa. España necesita complementar el crecimiento en número de ocupados con más tecnología, más formación, más dimensión empresarial y más eficiencia.
4. La cuarta es la vivienda, que se ha convertido en una restricción económica transversal. La escasez de oferta eleva precios y alquileres, absorbe una parte creciente de la renta familiar y dificulta que los trabajadores se desplacen hacia donde se genera empleo. Al mismo tiempo que impulsa la inversión en construcción, limita el consumo, la movilidad laboral y la capacidad de las ciudades para atraer talento.

 

Por tanto… España encara el final del año en una posición más favorable que la mayor parte de sus socios europeos. El empleo, la inmigración, el consumo y los fondos europeos permiten mantener un mayor crecimiento, pero todo apunta a que varios de esos motores van a perder intensidad en los próximos meses, especialmente si no se controla la inflación.

 

El empleo puede seguir impulsando el consumo, pero necesita ser más productivo. La inversión puede continuar creciendo, pero debe depender menos del dinero europeo. La demanda interna, puede ayudar a sostener la economía, pero no podrá hacerlo indefinidamente a costa de reducir el ahorro o alimentar presiones inflacionistas.

 

España crece sobre bases más sólidas que en otros periodos recientes. A partir de ahora, sin embargo, no bastará con mantener el ritmo: será necesario controlar la inflación, aumentando oferta en vivienda y servicios y controlando los incrementos salariales, aumentar productividad y potenciar instrumentos que faciliten una mayor inversión interna.