El 86 % de los españoles reclama capacidades propias de ciberseguridad para reducir la dependencia exterior
El 86 % de los españoles considera prioritario que España disponga de capacidades propias en ciberseguridad para reducir su dependencia de proveedores extranjeros y mantener un mayor control sobre los datos. Las redes de telecomunicaciones, los centros de datos y los servicios ‘cloud’ se sitúan en el centro de un debate sobre soberanía digital que también alcanza a empresas y administraciones públicas.
Actualidad | Tecnología | 19/10/2026

Así se desprende del informe Soberanía digital en Europa 2026, elaborado por Telefónica junto a Metroscopia, que refleja además que ocho de cada diez españoles consideran que Europa depende en exceso de compañías tecnológicas de terceros países.
Un 62 % cree, además, que la presencia de estas empresas puede representar una amenaza para la seguridad europea, mientras aumenta la preocupación sobre el uso y la protección de los datos personales.
Las telecomunicaciones, infraestructura crítica
El 77 % de los ciudadanos considera las redes de telecomunicaciones una infraestructura crítica para garantizar la soberanía digital.
Para Sergio García Estradera, gerente de i3e, el debate debe ir más allá del lugar físico en el que se almacena la información.
“El debate sobre la soberanía del dato lleva meses encima de la mesa. También tenemos que preguntarnos quién controla la infraestructura por la que circulan nuestros datos, qué proveedores intervienen y hasta qué punto tenemos capacidad para operar si dependemos de tecnología desarrollada fuera de Europa”.
La cuestión afecta así tanto al almacenamiento y tratamiento de los datos como a las infraestructuras y tecnologías necesarias para transmitirlos.
En Cataluña, la Generalitat está desplegando XCAT, una red pública de fibra óptica destinada a conectar miles de sedes y servicios públicos mediante una infraestructura de titularidad pública.
El proyecto está valorado en cerca de 127 millones de euros, contempla conectar 5.419 sedes y emplea tecnología de distintos proveedores, entre ellos Huawei.
“Podemos desarrollar infraestructuras propias y trabajar con empresas locales, pero hay que analizar también de qué tecnología dependen esas infraestructuras. La soberanía tecnológica no consiste en cerrarnos al exterior, sino en evitar dependencias que puedan convertirse en vulnerabilidades estratégicas”, señala García Estradera.
El control de los datos también depende de la jurisdicción
A la dependencia tecnológica se suma el marco legal bajo el que se almacenan y procesan los datos.
Desde cdmon, compañía especializada en ‘hosting’ y dominios, consideran que las empresas deben conocer dónde se encuentra alojada su información, quién puede acceder a ella y qué legislación se aplica al proveedor encargado de custodiarla.
“Durante mucho tiempo nos hemos centrado en proteger el dato frente a un ciberataque, pero la soberanía digital introduce una pregunta adicional: ¿bajo qué jurisdicción está ese dato? Una empresa debe saber dónde se almacena su información, quién puede acceder a ella y qué legislación se aplica al proveedor que la custodia”, explica Miguel Ortega Haro, director de procesos y seguridad de cdmon.
La normativa europea no exige de manera general que los datos personales permanezcan físicamente en servidores ubicados dentro de la Unión Europea, aunque establece determinadas condiciones para las transferencias fuera del Espacio Económico Europeo.
Entre los mecanismos disponibles figuran las decisiones de adecuación y las garantías proporcionadas mediante cláusulas contractuales tipo.
“No se trata de afirmar que un dato fuera de Europa esté desprotegido, sino de tener el máximo control posible sobre su recorrido, su tratamiento y las normas que lo protegen”, añade Ortega Haro.
Casi nueve de cada diez quieren tecnología europea
El estudio señala asimismo que cerca de nueve de cada diez españoles quieren que Europa disponga de sus propias plataformas y tecnologías.
La demanda plantea un reto que va más allá del desarrollo de alternativas locales y alcanza a la capacidad de empresas y administraciones para conocer de qué proveedores y tecnologías dependen sus operaciones.
El control sobre las infraestructuras, los proveedores implicados y la jurisdicción aplicable a los datos se consolida así como uno de los principales elementos del debate sobre soberanía digital.









