Bruselas desbloquea otros 93.500 millones del fondo anticrisis para España

La Comisión Europea dio luz verde este lunes a la revisión del plan de recuperación español, desechando la idea de implementar peajes en autopistas y destinando 93.500 millones de euros adicionales. De esta cifra, 7.700 millones corresponden a transferencias y 83.200 millones a préstamos, complementados con 2.600 millones del mecanismo RepowerEU para apoyar la transición ecológica.

Este monto se añade a los 37.036 millones de euros que España ha obtenido anteriormente, marcando también la inminente solicitud del cuarto desembolso de 10.000 millones. Una vez que los 27 Estados miembros de la UE aprueben la decisión de Bruselas, se espera que España reciba 1.400 millones en prefinanciación, el 20% del total destinado a inversiones.

El plan revisado agiliza trámites para la producción de energías limpias y refuerza la red eléctrica. Se destaca la inclusión de siete proyectos enfocados en energías renovables y transición verde, como el impulso al hidrógeno renovable y programas de subvenciones para fomentar la energía verde y su almacenamiento.

Por otro lado, 52 medidas del plan original fueron ajustadas debido a factores como interrupciones en las cadenas de suministro, la situación en Ucrania, la persistente influencia del Covid-19, y desafíos legales, técnicos y económicos. Una de las modificaciones más notorias es la anulación de la propuesta de peajes en autopistas para 2024, reemplazada por la promoción del transporte ferroviario para reducir emisiones. Bruselas opina que esta modificación sigue siendo ambiciosa y responde a las recomendaciones específicas para el país.

Expertos de la Comisión destacaron que la adaptación de España al sistema revisado de comercio de derechos de emisión, que ahora engloba el transporte por carretera y las viviendas, fue un factor determinante para la aprobación, ya que se espera que estos sectores compensen sus emisiones.

Finalmente, según el análisis de la Comisión, España ha logrado la máxima calificación en la implementación del plan, salvo en la categoría de ‘Estimaciones de costes razonables y plausibles’. Este punto es un desafío común para todos los Estados miembros, ya que Bruselas reconoce la complejidad de prever con precisión los costes ‘ex ante’.