Bruselas no ve razones legales para frenar la OPA de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Europea no aprecia ninguna razón legal que justifique un rechazo por parte del Gobierno español a la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por BBVA sobre Banco Sabadell. Fuentes comunitarias han confirmado que vigilarán que cualquier decisión adoptada por el Ejecutivo se mantenga en el marco de la legislación europea.

Bruselas recuerda que las autoridades con competencia técnica ya han dado luz verde a la operación: el Banco Central Europeo (BCE), en lo relativo a la solvencia, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en materia de competencia. En este contexto, la Comisión espera que el Gobierno español se alinee con ambas instituciones y apruebe la operación.

Consolidación bancaria sin obstáculos

Aunque la Comisión aún no se ha pronunciado de manera formal, su portavoz de Servicios Financieros, Olof Gill, ha subrayado que, en términos generales, las fusiones bancarias nacionales y transfronterizas pueden mejorar la rentabilidad y eficiencia del sistema financiero europeo. En su opinión, “es importante que la consolidación pueda producirse sin obstáculos inapropiados o indebidos”, ya que esta libertad está protegida por los Tratados de la Unión.

Según la Comisión, una operación como la de BBVA y Sabadell solo puede ser detenida si existen objeciones por parte del BCE o del regulador de competencia. Si ambas instituciones han dado su visto bueno, no existiría base legal para que un Gobierno bloquee una fusión de forma discrecional.

Bruselas ya activó el mecanismo ‘EU Pilot’ hace meses para solicitar información a España sobre la operación. El Ejecutivo respondió el pasado 11 de octubre de 2024, y el análisis continúa en curso.

Decisión en manos del Consejo de Ministros

Este martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que la operación se elevará al Consejo de Ministros por su impacto potencial en áreas como la cohesión territorial, la protección laboral, la política social, la I+D o la regulación sectorial. Tras esta remisión, el Ejecutivo podrá autorizar la operación tal como fue aprobada por la CNMC o introducir modificaciones.

Si se agotan los plazos, la decisión definitiva del Gobierno podría conocerse el próximo 27 de junio. La fase de aceptación por parte de los accionistas, prevista para después de esa fecha, no podrá iniciarse hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto informativo de la operación.