CEOE y Cepyme rechazan el incentivo fiscal al SMI y lo califican de “puro intervencionismo”

CEOE y Cepyme expresaron este jueves su rechazo al incentivo fiscal diseñado por el Ministerio de Hacienda para compensar a las empresas por la subida del salario mínimo interprofesional prevista para 2026. Las patronales calificaron la propuesta de “fórmula trilera” y de “puro intervencionismo”, al considerar que sustituye la esperada indexación de los contratos públicos por un mecanismo con condiciones inalcanzables que dejaría fuera a la mayoría del tejido empresarial.

En un comunicado conjunto, las organizaciones empresariales denunciaron una “falta de respeto” al diálogo social por haberse conocido los detalles de la propuesta a través de los medios de comunicación antes de ser presentada formalmente en la mesa de negociación, convocada para esta tarde a las 17.00 horas. A su juicio, esta forma de proceder debilita la concertación social amparada por el artículo 7 de la Constitución y la sustituye por una política de anuncios que no beneficia ni a la economía ni a la sociedad.

En cuanto al contenido, CEOE y Cepyme sostienen que, por lo publicado en prensa, la reducción fiscal planteada vendría a reemplazar la indexación de los contratos públicos por un sistema que no compensa los costes derivados de la actualización del SMI y que, además, se aparta de lo acordado por los interlocutores sociales en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Las patronales subrayan que el incentivo excluye a todos los trabajadores autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores.

Asimismo, critican que la medida deje fuera de manera explícita a las empresas en pérdidas, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro, precisamente aquellas que, a su juicio, más necesitarían este tipo de apoyo. A ello se suma, según las organizaciones empresariales, que las condiciones exigidas para acceder a la reducción fiscal son inalcanzables para la mayoría de las compañías y suponen una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa.

La patronal presidida por Antonio Garamendi ha indicado que el Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una valoración definitiva una vez que el Gobierno facilite la documentación necesaria para analizar en detalle el incentivo propuesto.

Según la propuesta elaborada por Hacienda, el Gobierno planteará a los agentes sociales una reducción fiscal progresiva en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que podría llegar a compensar hasta el 100 % del coste de la subida del SMI. Este incentivo estaría dirigido a empresas que contraten trabajadores con salarios superiores al SMI y que incrementen su plantilla media durante el periodo impositivo.

Para poder aplicar esta reducción, las empresas con menos de 100 trabajadores deberían aumentar su plantilla al menos en un empleado a tiempo completo durante un año, mientras que aquellas con 100 o más empleados tendrían que incorporar un mínimo de dos trabajadores o elevar su plantilla al menos un 1 %. El importe de la reducción sería creciente en función del aumento del empleo, siendo menor si el incremento es inferior al 5 % y alcanzando el 100 % si la plantilla aumenta igual o más de un 15 %, con el compromiso de mantener ese nivel de empleo durante los dos años posteriores.

En concreto, la reducción se calcularía multiplicando por 0,25 la subida bruta del SMI correspondiente a los trabajadores que perciban ese salario cuando el aumento de plantilla no supere el 5 %. Si el incremento se sitúa entre el 5 % y menos del 10 %, el coeficiente sería 0,50; entre el 10 % y menos del 15 %, 0,75; y de 1 cuando el crecimiento de la plantilla sea igual o superior al 15 %.

Además, la empresa deberá mantener o incrementar su plantilla media total durante los dos años siguientes y solo podrán acogerse a la reducción aquellas compañías cuyos gastos de personal superen el 70 % de los gastos del resultado de explotación. En ningún caso la base imponible resultante podrá ser negativa y, si se incumplen los requisitos, se procederá a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, con los correspondientes intereses de demora.

Con este incentivo fiscal, el Ministerio de Trabajo busca sumar el apoyo de las patronales al acuerdo de subida del SMI. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que la reunión de este jueves será la última del proceso negociador y confió en que finalice con un acuerdo. El Gobierno plantea elevar el SMI un 3,1 % en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, una propuesta respaldada por los sindicatos CCOO y UGT, frente a la subida máxima del 1,5 % defendida por la patronal.