Cepyme denuncia la injerencia del Gobierno en las empresas

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) presentó este miércoles, durante su Asamblea General Ordinaria, un manifiesto en defensa de la libertad empresarial, haciendo un llamado a una «defensa activa» de las empresas españolas frente al «hostigamiento» gubernamental y sus «injerencias» en la actividad empresarial.

«Las pequeñas y medianas empresas españolas, que representamos más del 99,8% del tejido productivo y generamos cerca de 11 millones de empleos, decimos ‘basta ya’ a la injerencia del Gobierno en la empresa», destaca Cepyme en su manifiesto.

En la Asamblea, inaugurada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, explicó que el manifiesto busca denunciar «la situación de ataque» que enfrentan las empresas, una situación que calificó de «injusta» porque «lesiona los legítimos derechos» que la Constitución española ampara para las empresas.

Ante la continua aprobación de medidas intervencionistas contrarias a la empresa española, Cepyme, en nombre de la pequeña y mediana empresa, lanzó el ‘Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa’ para reclamar la defensa de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española.

EL GOBIERNO ADOPTA «TESIS COMUNISTAS»

«La reducción de la jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa unilateralmente, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Está demostrado que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condiciones resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando», afirmó Cuerva.

Cuerva señaló que solo se podrá enfrentar esta situación de intervencionismo gubernamental «alzando la voz y levantando la cabeza con orgullo» para reclamar el papel de la empresa española como protagonista en el crecimiento y progreso de España, en la generación de innovación y en la creación de empleo.

«Voz de empresarios para defender a empresarios (…) Nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros», proclamó Cuerva durante su intervención en la Asamblea, clausurada por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

En el manifiesto, que pretende «simbolizar» el «hartazgo» de las empresas ante las «injerencias» del Ejecutivo, se detallan las líneas que, en opinión de la empresa, el Gobierno no debería cruzar para no interferir en el buen funcionamiento de la actividad empresarial.

Las pymes defienden en el texto la libertad de empresa, piden el cese del intervencionismo gubernamental y la «estigmatización» del empresario, y defienden la obtención de beneficios por parte de las empresas.

«Defendemos la dignidad y la libertad empresarial; denunciamos la situación a la que nos aboca el Gobierno a las pymes españolas; señalamos aquellos ámbitos en los que se nos ataca reiteradamente: desde el diálogo social y la negociación colectiva, hasta la sobrerregulación o los intentos de control de la empresa, pasando por la intervención salarial, los costes sociales o la fiscalidad», destacó Cuerva.

«PERSECUCIÓN» A LOS BENEFICIOS Y «ESTEREOTIPOS NEGATIVOS» DEL EMPRESARIO

El contenido del manifiesto se divide en siete bloques, donde las pymes claman por la «dignidad» empresarial; el cese del control y la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva; la no intervención salarial; la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad; y el respeto al diálogo social.

«La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está promoviendo sobre la figura del empresario basado en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios», sostiene el manifiesto.

Para las pymes, el Gobierno debe poner fin a la aprobación de reformas que intervienen en el funcionamiento de la empresa y «hurtan» la flexibilidad necesaria para su desarrollo.

«El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces», advierte la organización empresarial.

Cepyme denuncia en su manifiesto que la empresa ha dejado de ser vista como un actor fundamental de la sociedad para ser utilizada «como un instrumento de polarización política».

«La ganancia de rentabilidad y los beneficios son perseguidos y se ha promovido políticamente una desvirtuación de lo que es la actividad empresarial. En base a ello, el Gobierno demanda el control y la intervención de dicha actividad, condicionando de forma decisiva la asignación de los recursos empresariales a partir de diagnósticos erróneos y basados en un estereotipo negativo del empresario», sostiene.

Asimismo, la patronal de las pymes insta al Gobierno a renunciar a su política «persecutoria e incriminatoria» hacia el empresario. «El objetivo de las empresas es obtener beneficios. Y esto no debe avergonzarnos. Solo las empresas con beneficios sobreviven y solo las empresas con beneficios sólidos pueden invertir, aumentar sus plantillas e incrementar los salarios», afirma Cepyme.

La organización empresarial critica el «goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones» adoptadas en los últimos años por la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario, así como «el alza continuada de cotizaciones sociales que se ha llevado a cabo» y el aumento de la carga fiscal sobre el empresariado.

«Actualmente, el único factor de corrección aplicado a la falta de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social es el aumento de cuotas», advierte Cepyme, que argumenta que las empresas aportan en España un 32,4% de la recaudación fiscal, frente al 25,8% de media en la UE.

La patronal de las pymes reclama además que acabe «la tutela gubernamental» en la organización interna de las empresas. «La ordenación del tiempo del trabajo, la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones son ámbitos privados de la empresa, cuya resolución solo le corresponde a la propia empresa y a los trabajadores afectados», defiende.