El Club de Exportadores advierte del impacto negativo del reporte ESG sobre la competitividad empresarial

El Club de Exportadores e Inversores ha publicado una nota técnica que alerta del impacto negativo de las nuevas normativas europeas sobre sostenibilidad en la competitividad internacional de las empresas. El documento, elaborado por Silvia Iranzo Gutiérrez, analiza las implicaciones económicas del cumplimiento de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), así como los efectos de las reformas propuestas por la Comisión Europea.

Según el análisis, la CSRD multiplica por diez el número de indicadores exigidos respecto a la normativa anterior, superando los 1.000 puntos de reporte, lo que implica detallar políticas, recursos, riesgos, impactos y objetivos en cada caso. Aunque la directiva entró en vigor en enero de 2023, España aún no la ha transpuesto, a diferencia de otros once países europeos.

En paralelo, la CSDDD, recientemente aprobada, obligará a las empresas de más de 1.000 empleados y 450 millones en volumen de negocio a auditar toda su cadena de valor para garantizar el respeto a los derechos humanos y medioambientales. La transposición nacional deberá completarse en un plazo de dos años.

Reformas europeas insuficientes para las medianas empresas

En un intento por reducir la carga regulatoria, la Comisión Europea ha propuesto el llamado Paquete Ómnibus I de Simplificación, que incluye la directiva “Stop-the-Clock” y plantea retrasar la aplicación de la CSRD y la CSDDD, así como reducir los requisitos de reporte. Entre los cambios propuestos destacan: limitar la aplicación de la CSRD a empresas con más de 1.000 empleados y 50 millones de euros de facturación, eliminar la responsabilidad civil automática en la CSDDD y restringir la diligencia debida solo a proveedores directos.

Sin embargo, según las estimaciones recogidas en la nota técnica, una empresa española mediana-grande necesitaría destinar unos 1.190.914 euros anuales para cumplir con ambas directivas. El ahorro medio por empresa tras aplicar las reformas sería de unos 126.000 euros, lo que apenas representa un 10,58% del total de costes. A nivel nacional, la Comisión Europea estima un ahorro total de 693 millones de euros.

Riesgos indirectos para la competitividad internacional

Más allá del impacto directo en costes, el informe advierte de consecuencias adicionales como la pérdida de clientes y proveedores, la deslocalización de multinacionales o una menor inversión extranjera directa en la UE. Las empresas europeas podrían quedar en desventaja frente a competidores de terceros países sin normativas equivalentes en sostenibilidad.

La autora insiste en que, si bien las propuestas de simplificación son un paso en la buena dirección, no bastan para aliviar la presión regulatoria sobre las empresas medianas. El Club de Exportadores reclama una mayor reducción de la información requerida para evitar que la normativa ESG erosione aún más la competitividad del tejido empresarial europeo.