El Club de Exportadores alerta del elevado coste del cumplimiento normativo en sostenibilidad

El Club de Exportadores e Inversores ha advertido del elevado coste que supondrá para las empresas españolas cumplir con las nuevas obligaciones europeas en materia de información no financiera. Según una Nota Técnica elaborada por Silvia Iranzo, ex secretaria de Estado de Comercio, el coste medio por empresa para adecuarse a las directivas CSRD y CSDDD ascendería a 1.190.914 euros anuales. Pese a las recientes medidas de simplificación impulsadas por la Comisión Europea, que permitirían un ahorro del 10,58 %, el impacto económico sigue siendo muy elevado, especialmente para las compañías de tamaño mediano.

La información no financiera, conocida también como ESG (ambiental, social y de gobernanza), está regulada por dos directivas europeas aún no transpuestas en España: la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Según el análisis del Club, su implementación exigirá a las empresas incurrir en importantes gastos directos e indirectos, entre los que destacan la posible pérdida de competitividad frente a rivales de terceros países, la rotura de cadenas de suministro por exigencias normativas y un potencial menor atractivo para la inversión extranjera.

Ante este escenario, la Comisión Europea ha propuesto retrasar la entrada en vigor de ambas normativas mediante el borrador de directiva “Stop-the-Clock”, presentado en febrero dentro del paquete regulatorio “Ómnibus”. Este conjunto de reformas también prevé una reducción del 25 % en las cargas administrativas para todas las empresas y de al menos un 35 % para las pymes. De aprobarse, supondría un ahorro de 6.300 millones de euros anuales en la UE, de los cuales 693 millones corresponderían a España. A nivel empresarial, el coste medio de cumplimiento bajaría a 1.064.914 euros por compañía.

No obstante, para Iranzo, estas reducciones son insuficientes para aliviar la carga sobre las empresas medianas, especialmente vulnerables en los mercados exteriores. La experta subraya que “la normativa de reporte no financiero seguirá teniendo un impacto negativo sobre la competitividad de las empresas europeas” y anima a la UE y los Estados miembros a seguir profundizando en la simplificación de los requisitos de información.