El Club de Exportadores sugiere ‘poner en stand by’ los dos instrumentos principales de la política climática de la unión europea

 La política climática de la UE está provocando un “shock de costes” en la industria europea y amenaza con deteriorar aún más su competitividad frente a países con menores costes energéticos y regulatorios. Esta es una de las principales conclusiones de una Nota Técnica elaborada para el Club de Exportadores por Antonio Merino, técnico comercial y economista del Estado, en la que analiza el impacto sobre la industria europea del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).

Según Merino, la combinación de ambos instrumentos está teniendo un efecto equivalente a “la introducción de un arancel interno”. Mientras los productores europeos deben asumir el coste del carbono incorporado a sus insumos energéticos y materiales, sus competidores de países con energía más barata o sin un precio equivalente para las emisiones de CO₂ mantienen estructuras de costes inferiores.

El experto considera que el CBAM permite mitigar parcialmente el impacto del ETS sobre determinados insumos básicos, como por ejemplo el acero, el aluminio, los fertilizantes o el cemento, pero no resuelve el problema de los sectores industriales transformadores, cuya importación no está sometida al CBAM, que concentran buena parte del valor añadido de la industria europea. Por el contrario, advierte de que el mecanismo puede añadir nuevos costes a lo largo de las cadenas de producción.

Un coste del carbono cada vez mayor

La presión sobre la industria europea se ha intensificado en los últimos años. En las primeras etapas del ETS, el precio de emitir CO₂  se mantuvo en niveles reducidos debido, entre otros factores, a las asignaciones gratuitas y a un techo de emisiones elevado. Sin embargo, en 2013 se eliminaron los derechos de emisión gratuitos para la generación eléctrica A partir de 2021, además, se endureció la senda de reducción del techo de emisiones. La menor disponibilidad de derechos elevó su precio, que llegó a alcanzar los 100 euros por tonelada de CO₂ en 2022.

Este incremento tiene un impacto directo sobre los costes industriales, especialmente en las actividades con un elevado consumo energético. Merino pone como ejemplo el sector del automóvil, donde estima que, con un precio de 100 euros por tonelada de CO₂, “el coste de los derechos de emisión de carbono puede situarse entre 600 y 800 euros por vehículo”. En fabricantes con márgenes operativos de entre el 3% y el 6%, este sobrecoste podría absorber, según sus cálculos, “una fracción significativa del beneficio unitario, entre el 30 y el 70%”.

El efecto, añade, resulta todavía más relevante en las exportaciones, ya que los productos fabricados en Europa incorporan el mayor coste de toda la cadena de producción, mientras que los competidores internacionales no necesariamente soportan cargas equivalentes.

El impacto sobre la electricidad y las exportaciones

La evolución prevista de los precios de los derechos de emisión constituye, a juicio de Merino, uno de los principales riesgos para la competitividad industrial europea. El experto contempla escenarios en los que el precio del CO₂ pueda alcanzar los 250 euros por tonelada, lo que tendría un impacto significativo sobre el precio de la electricidad, al no existir asignaciones gratuitas para la generación eléctrica.

Esta situación generaría un diferencial de costes cada vez mayor para las empresas europeas, especialmente para las industrias intensivas en energía, frente a sus competidores internacionales. De hecho, Merino señala que desde 2021 ya se observan reducciones en las exportaciones de bienes intensivos en CO₂, debido a la pérdida de competitividad derivada de estos costes.

El experto también advierte de que la descarbonización no puede considerarse un proceso gratuito ni de bajo coste. En el sector eléctrico, señala, el precio de la generación incorpora también el coste de las emisiones asociadas a las tecnologías fósiles necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. A un precio de 100 euros por tonelada de CO₂, calcula que este coste adicional alcanza los 30 euros por megavatio generado con gas natural y los 90 euros por megavatio generado con carbón.

Ante esta situación, Antonio Merino plantea una revisión de la política climática europea para evitar que la descarbonización termine provocando una pérdida de capacidad industrial y de cuota de mercado internacional.

Entre sus principales recomendaciones, propone “poner en Stand-By el Binomio ETS-CBAM”, ante el impacto que está teniendo la retirada progresiva de las asignaciones gratuitas y el consiguiente incremento de los costes para la industria.

Asimismo, considera necesario moderar de forma sustancial el precio del carbono y aproximarlo a los niveles existentes en los países competidores.

Merino reclama también que determinados sectores estratégicos, como el de los fertilizantes, queden excluidos del ETS. Entre sus argumentos destaca el impacto que el encarecimiento de estos productos puede tener sobre la seguridad alimentaria y sobre los precios de los productos agrícolas, cuyos efectos inflacionarios considera “clarísimos”.

Descarbonización, competitividad y realismo geopolítico

La Nota Técnica concluye que la política climática europea debe tener en cuenta el riesgo de deslocalización de la producción. “La descarbonización no elimina la demanda global de bienes intensivos en energía; simplemente desplaza su producción hacia regiones con menores costes regulatorios y energéticos”, advierte Merino.

A su juicio, evitar este resultado exige revisar el diseño actual de los mecanismos de descarbonización y adoptar una estrategia capaz de compatibilizar los objetivos climáticos con el mantenimiento de la actividad industrial europea.

En este sentido, considera necesario “complementar los instrumentos actuales con una estrategia que combine descarbonización, competitividad y realismo geopolítico”, con el objetivo de preservar la capacidad industrial que permita a Europa avanzar en la transición energética sin poner en riesgo su posición competitiva internacional.