El fraude fiscal en España sigue bajando por debajo de la media europea

El Consejo General de Economistas (CGE) ha informado que el fraude fiscal en España se encuentra por debajo de la media europea y que la recaudación ha aumentado gracias a los avances en la reducción de este problema.

A pesar de que medir el fraude fiscal con precisión es complicado, los expertos del CGE coinciden en que España está mejorando en este ámbito. La digitalización ha facilitado algunas formas de evasión fiscal, especialmente por parte de multinacionales sin presencia física en los países donde operan. No obstante, los economistas subrayan la necesidad de una mayor cooperación internacional para equilibrar los sistemas fiscales, y recuerdan que España aún no ha implementado completamente la normativa europea contra la evasión fiscal de multinacionales.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un órgano especializado del CGE, ha organizado, en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos (IEE), varias sesiones bajo el título *Encuentros REAF sobre el fraude fiscal*, con el objetivo de debatir sobre las repercusiones del fraude en la economía.

Durante el evento, Valentín Pich, presidente del CGE, señaló que la inminente implementación de la factura electrónica para empresas y autónomos fortalecerá aún más la lucha contra la economía sumergida. Sin embargo, sugirió que para facilitar su adopción en las microempresas y autónomos sería conveniente ofrecer algún tipo de incentivo fiscal por parte de la Administración.

Pich también destacó la importancia de la gestión tributaria en la lucha contra el fraude, calificándola de estratégica. Subrayó que cualquier posible reorganización de la Agencia Tributaria debe contar con la participación de todas las administraciones y hacerse en términos de eficiencia.

Por su parte, Gregorio Izquierdo, director general del IEE, afirmó que el fraude fiscal afecta gravemente a las empresas que cumplen con sus obligaciones, ya que además de soportar impuestos y cotizaciones adicionales, sufren una competencia desleal. Izquierdo también pidió que el fraude fiscal se incluya en las estadísticas económicas para obtener un mejor diagnóstico. «La presión fiscal ajustada por economía sumergida debe formar parte del análisis de la presión fiscal en relación con el PIB», añadió.

En cuanto al llamado «gran hermano tributario», los economistas creen que es esencial que la Administración Tributaria tenga conocimiento de las operaciones económicas para garantizar el pago correcto de impuestos, pero advirtieron sobre los costos asociados a la exigencia de esta información. Señalaron que España tiene uno de los mayores números de obligaciones tributarias formales, con hasta 55 tipos de declaraciones informativas.

Respecto a una posible reorganización de la Agencia Tributaria, los economistas subrayaron que, de llevarse a cabo, debería centrarse en la eficiencia, para no debilitar las herramientas del Estado en la lucha contra el fraude fiscal.

Cuantificación del fraude tributario

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado, señaló que medir el incumplimiento fiscal es complicado, ya que no siempre se detecta o se corrige. Explicó que una forma de medir el fraude es analizar los incumplimientos fiscales o utilizar métodos econométricos como el índice MIMIC, que se basa en indicadores asociados al fraude, como la circulación de efectivo de alta denominación.

De la Torre destacó también el uso de la brecha fiscal del IVA como otro método para medir el fraude, comparando la recaudación esperada con la obtenida. Un estudio de EsadeEcpol muestra que España ha recaudado 6.000 millones de euros adicionales al año gracias a la reducción del fraude fiscal, principalmente debido al aumento de los pagos con tarjeta de crédito. Sin embargo, advirtió que este avance podría perderse si se fragmenta la Agencia Tributaria, como sugiere un reciente acuerdo político.

Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos, afirmó que las cifras de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude son indicativas. Entre 2018 y 2020, la recaudación por prevención y control del fraude fue en aumento: 15.000 millones en 2018, 15.700 millones en 2019 y 17.200 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 se produjo un notable descenso, que se ha mantenido en los últimos dos años, con 14.955 millones en 2021, 15.362 millones en 2022 y 14.712 millones en 2023.

A nivel europeo, los estudios sobre el IVA sitúan a España en una posición favorable, por debajo de la media comunitaria. Además, Martín-Abril señaló que existe una relación inversa entre renta y fraude, lo que significa que las regiones de menor renta tienden a tener mayores niveles de fraude.