El Gobierno plantea incentivos fiscales y nuevos límites al alquiler para frenar la especulación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación en las próximas semanas de un real decreto ley que incluirá un paquete de medidas para intervenir el mercado del alquiler. Entre ellas, se contemplan incentivos fiscales para los propietarios que no suban el precio al renovar los contratos, una regulación específica para frenar el uso fraudulento de los alquileres de temporada y límites al alquiler por habitaciones.

Durante su visita a los trabajos de demolición del antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde se levantarán 10.700 viviendas asequibles, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo apoyará a quienes faciliten vivienda digna y pondrá freno a las prácticas especulativas. Según ha subrayado, el objetivo es reforzar la estabilidad residencial y proteger a los inquilinos frente a abusos crecientes en determinadas modalidades de alquiler.

Incentivos fiscales y control de contratos de temporada

La primera de las medidas previstas es una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los propietarios que mantengan el precio del alquiler al renovar los contratos. Esta deducción compensará íntegramente los ingresos adicionales que obtendrían en caso de aplicar una subida, con el objetivo de incentivar la contención de rentas.

El decreto también abordará la regulación de los alquileres de temporada, ante lo que el Gobierno considera un uso fraudulento de esta figura. Para ello, se fijarán condiciones más estrictas que delimiten claramente cuándo un contrato puede considerarse de temporada y se establecerá un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa estatal sobre alquileres de corta duración.

Límites al alquiler por habitaciones y protección del inquilino

La tercera medida anunciada busca frenar el abuso del alquiler por habitaciones, una práctica que, según el Ejecutivo, se está utilizando para elevar artificialmente las rentas. El Gobierno pretende extender las garantías del alquiler habitual a este tipo de contratos, de forma que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar el precio de alquiler de la vivienda completa.

Además, en las zonas declaradas tensionadas, los alquileres por habitaciones estarán sujetos a los mecanismos de control de rentas previstos en la ley de vivienda. Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo estima que se beneficiarán más de tres millones de hogares que viven actualmente de alquiler.

Nuevo barrio de Campamento y refuerzo de la vivienda pública

En paralelo a las medidas regulatorias, el Gobierno ha reafirmado su apuesta por ampliar el parque de vivienda pública. Sánchez ha destacado el impulso a la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y al Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

Tras desbloquear la conocida como Operación Campamento, paralizada desde 1989, se inician ahora las obras del Nuevo Barrio de Campamento, que contará con 10.700 viviendas asequibles. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que el 100 % de las viviendas serán promovidas por empresa pública, con precios de alquiler que no superarán el 30 % de la renta mediana de la zona y con ventas por debajo del precio de mercado. El desarrollo urbanístico se asentará sobre 211 hectáreas, de las que el 75 % se destinará a equipamientos públicos, zonas verdes y espacios urbanos.