El Gobierno propone subir el SMI un 3,1 % hasta 1.221 euros mensuales en 2026

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional del 3,1 % para 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y sin que tribute en el IRPF. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión mantenida este miércoles con sindicatos y patronal.

El incremento supondría 37 euros más al mes respecto a los 1.184 euros actuales y coincide con una de las opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo, que recomendaba una subida del 3,1 % si el salario mínimo seguía exento de tributación o del 4,7 % en caso contrario. Trabajo ha confirmado que el SMI no tributará tampoco en 2026, extremo ya consensuado con el Ministerio de Hacienda.

Pérez Rey ha valorado de forma positiva el encuentro con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, aunque ha reconocido que, por el momento, no ha recibido una respuesta definitiva por parte de los interlocutores sociales. No obstante, ha calificado el clima de la reunión como “esperanzador” y ha señalado que las organizaciones estudiarán ahora la propuesta con sus órganos internos.

Relajación de la desindexación en contratos públicos

Más allá de la subida del SMI, la reunión ha abordado la posibilidad de introducir cambios en la Ley de Desindexación para permitir que las subidas salariales puedan trasladarse parcialmente a los precios de los contratos públicos. El objetivo es aliviar el impacto de los incrementos del salario mínimo en sectores intensivos en mano de obra como la limpieza o la seguridad privada, una demanda histórica de la patronal que cuenta también con el respaldo de los sindicatos y del propio Ministerio de Trabajo.

El secretario de Estado ha defendido que resulta incoherente que las subidas del SMI no puedan reflejarse en los precios de licitación de los contratos públicos y ha recordado que el Ministerio trabaja en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que obliga a los Estados miembros a prever mecanismos de traslación de los incrementos salariales a la contratación pública. En este contexto, Trabajo se ha comprometido a estudiar de manera prioritaria fórmulas de “relajación” de la desindexación en determinados supuestos.

Sobre la vía normativa para introducir estos cambios, Pérez Rey ha indicado que aún debe analizarse con detalle si será necesario un real decreto-ley o si existen alternativas jurídicas que permitan adaptar la legislación vigente sin elevar el rango normativo de forma generalizada.

Desde el ámbito sindical, tanto UGT como CCOO han valorado positivamente el compromiso del Gobierno de abrir el debate sobre la desindexación. Aunque han reconocido que su propuesta inicial de subida del SMI era diferente, han mostrado disposición a no bloquear un acuerdo que garantice que el salario mínimo de 2026 represente el 60 % del salario medio neto y se sitúe por encima de la inflación. No obstante, han advertido de que no renuncian a abordar en otro marco la reforma de las reglas de compensación y absorción para asegurar que la subida llegue efectivamente al bolsillo de los trabajadores.

Los sindicatos han subrayado también la necesidad de cerrar el acuerdo en un plazo breve, recordando que un retraso prolongado afectaría a más de 1,5 millones de personas. Por su parte, el Gobierno confía en que la combinación de la subida del SMI sin tributación y la posible flexibilización de la desindexación facilite un acuerdo con la patronal en los próximos días.