El recibo de la luz sube un 15,5 % en 2025 y marca la tercera factura más alta de la historia

Energía | Finanzas | 08/01/2026

El recibo de la luz para un usuario medio acogido a la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encareció un 15,5 % en 2025, situándose como la tercera factura anual más elevada de la serie histórica. Solo los ejercicios de 2021 y 2022 registraron importes superiores, en un contexto marcado entonces por la crisis energética.

Según el estudio, la factura anual alcanzó los 975,88 euros en 2025, frente a los 845,26 euros de 2024, lo que se traduce en un gasto medio mensual de 81,32 euros. El mes más caro del año fue febrero, cuando el recibo se elevó hasta los 95,70 euros para un usuario tipo, definido como un hogar con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo mensual de 366 kilovatios hora.

La evolución mensual también refleja un repunte al cierre del ejercicio. En diciembre, el recibo subió un 7,7 % respecto a noviembre y se situó en 87,00 euros, convirtiéndose en la tercera factura más alta de todo el año, solo por detrás de las de febrero y enero. Desde enero de 2025, el coste del kilovatio de potencia contratada se ha situado en 14,14 euros al mes, mientras que en diciembre el precio medio del kilovatio hora fue de 28,27 céntimos en horario punta, 19,48 céntimos en el llano y 14,78 céntimos en el valle.

En comparación interanual, el precio de la energía aumentó un 2,7 % en el horario punta, mientras que descendió un 11,9 % en el tramo llano y un 14,5 % en el valle, lo que no ha evitado el encarecimiento global de la factura para los hogares acogidos al PVPC.

Reclama cambios en el sistema de fijación de tarifas

La organización Facua ha instado al Gobierno a impulsar nuevas medidas regulatorias para reducir lo que considera un margen de beneficio excesivo de las grandes compañías eléctricas. En este sentido, reclama modificaciones profundas en el sistema de fijación de precios para evitar que las tecnologías más caras sigan influyendo de forma determinante en la tarifa semirregulada.

Entre sus propuestas, la asociación defiende desde 2021 que la energía nuclear y la hidroeléctrica queden fuera del sistema marginalista diario y pasen a operar con precios fijos regulados a largo plazo, una medida que, a su juicio, permitiría eliminar los llamados beneficios extraordinarios derivados del actual diseño del mercado eléctrico. Asimismo, critica la falta de iniciativas para fomentar el acceso al bono social y reclama actuaciones que ayuden a los consumidores a ajustar la potencia contratada, ya que estima que los hogares pagan cada año cerca de 1.000 millones de euros de más por contratar más kilovatios de los necesarios.