El Supremo cierra el litigio entre Abertis y el Estado por la AP-7

Abertis ha perdido el último pulso judicial contra el Estado en su larga batalla por la liquidación de la concesión de varios tramos de la AP-7 y la AP-2. El Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de ejecución presentado por la compañía para reclamar una compensación adicional de 19,3 millones de euros, dando por cerrado uno de los litigios más relevantes entre una concesionaria y la Administración en los últimos años.

La demanda respondía a la discrepancia sobre la liquidación definitiva del contrato de Acesa, sociedad que gestionó hasta 2021 distintos tramos de autopistas en Cataluña y Aragón. En su sentencia de enero de 2024, el Supremo reconoció únicamente 32,9 millones adicionales a los 1.069,9 millones inicialmente aprobados en 2022 por el consejo de ministros. Tras ello, el Gobierno elevó la compensación total hasta 1.154,8 millones, pero Abertis consideró insuficiente el cálculo y exigía 1.174,2 millones, esgrimiendo una aplicación diferente de la fórmula de compensación.

Pese a esta última resolución judicial desfavorable, la concesionaria controlada por ACS y Mundys ha optado por no acudir ni al Tribunal Constitucional ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando así por finalizado el proceso. En su última memoria anual, la compañía reconoce que el Gobierno ya abonó 92,4 millones a finales de 2024 para cumplir con la sentencia.

El origen del conflicto se remonta a las obras de ampliación de la AP-7 acordadas en 2006, motivadas por un aumento del tráfico y recurrentes problemas de congestión. Abertis reclamó inicialmente 5.373 millones, argumentando que el convenio recogía una garantía de demanda y que, pese a la caída del tráfico real respecto al previsto, debía ser compensada. El Supremo desestimó esta interpretación al considerar que el acuerdo no implicaba una transferencia del riesgo de demanda a la Administración.

Además, la concesionaria alegaba que su inversión fue de 555 millones y no de 505 como reconocía el Gobierno. El Supremo solo le dio parcialmente la razón, sumando 32,9 millones. También rechazó otra reclamación de 203 millones por el impacto de los desdoblamientos de las N-II y N-340, al no quedar probada una afectación significativa del tráfico.

Esta sentencia culmina una década de litigios entre Abertis y el Estado, que en total ha compensado a la concesionaria con 1.154 millones de euros.