El TSJM obliga a Airbnb a pagar 64 millones

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para evitar el pago de la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.

La decisión judicial levanta la suspensión que permitía a la plataforma aplazar el abono mientras recurría la multa, obligándola ahora a hacer frente al pago, aunque podrá presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

Una sanción vinculada a miles de anuncios irregulares
La multa, que asciende a 64.055.311 euros, se originó tras la detección de infracciones en 65.122 anuncios de alojamientos turísticos publicados en la plataforma.

El Ministerio consideró que Airbnb incurrió en prácticas comerciales desleales al permitir la oferta de viviendas sin licencia, con números de registro falsos o sin información veraz sobre los anfitriones. Estos anuncios fueron retirados en julio de 2025 tras el apercibimiento oficial.

La cuantía de la sanción equivale a seis veces el beneficio que, según el Gobierno, la compañía obtuvo de forma ilícita durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos. A ello se suman tres sanciones adicionales por un total de 75.000 euros por obstrucción a la inspección y por incumplir medidas provisionales.

Estrategia de defensa y contexto regulatorio
Airbnb ha sostenido que la sanción vulnera el marco legal español y europeo y ha confirmado su intención de seguir impugnándola en los tribunales. La compañía argumenta que ha colaborado con las autoridades desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración en julio de 2025, incorporando números de registro en más de 70.000 anuncios.

La resolución judicial se enmarca en la estrategia del Gobierno para intensificar el control sobre los alquileres turísticos irregulares, en un contexto de creciente presión sobre el mercado de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades.

Una de las mayores sanciones del sector
La multa impuesta a Airbnb es la segunda más elevada dictada por el Ministerio de Consumo, solo por detrás de los 108 millones de euros aplicados a Ryanair por prácticas relacionadas con el cobro del equipaje de mano.

El caso refuerza el endurecimiento del marco regulatorio en el sector de plataformas digitales y turismo, con implicaciones relevantes tanto para el modelo de negocio de estas compañías como para la supervisión del mercado inmobiliario.