La Mesa del Turismo de España acusa al gobierno de remar a contracorriente de europa

La Mesa del Turismo de España manifiesta su preocupación por la actitud reiterada del Gobierno de impulsar políticas nacionales y tomar decisiones al margen del espíritu y la letra de las normativas europeas. Esta postura, que ya ha generado fricciones con la Comisión Europea en varios temas, amenaza con debilitar la cohesión y la competitividad de sectores estratégicos como son el turismo y el transporte.

“La unilateralidad no cabe en el marco europeo, ni el remar a contracorriente, sino a favor de las estrategias comunes que favorezcan a todos los Estados miembro y la prosperidad de sus respectivos sectores turísticos”, señala el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. Esta asociación subraya que ignorar las directrices comunitarias solo conducirá a nuestro país a un escenario de confusión e inseguridad jurídica y a un progresivo aislamiento en las mesas de decisión europeas.

Consecuencia de esta deriva unilateral del Gobierno español es el procedimiento de infracción que la Comisión Europea ha abierto contra España por la multa de 179 millones de euros que el Ministerio de Consumo impuso a varias aerolíneas de bajo coste por prácticas diversas, entre ellas el cobro por transportar equipaje de mano en cabina. Para Bruselas, las compañías aéreas deben gozar de libertad para fijar sus políticas de equipaje; pero la Ley española de navegación aérea restringe esa libertad y no permite a las aerolíneas aplicar recargos por el transporte de equipaje de mano y diferenciar entre un servicio de franquicia de equipaje de mano más amplia y otro de franquicia reducida.

Es decir, que lejos de buscar el diálogo con Bruselas para armonizar posturas, el Ejecutivo ha optado por iniciar una oposición estéril, ya que a la postre tendrá que desistir de las leyes que no estén alineadas con las normas que emanan de Europa.

Otro hecho reciente que pone de manifiesto la desviación respecto de las políticas comunitarias es la implantación en diciembre de 2024 del nuevo Registro de Viajeros (Real Decreto 933/2021), que obliga al sector del alojamiento turístico, a las agencias de viajes y a las empresas de alquiler de vehículos a recabar y trasladar a la Policía, en aras de seguridad nacional, una extensa batería de datos personales de sus clientes.

En este caso, de nuevo surge la confrontación. Mientras la Comisión Europea aboga por minimizar la información personal en virtud de las leyes de protección de datos, el Gobierno español va por libre e impone justamente lo contrario. Y, además, con el agravante de que muchos de los datos personales que se solicitan son imposibles de facilitar con la anticipación exigida.

Por si esto fuera poco, a fecha de hoy, el sector turístico sigue a la espera de que se publique la Orden Ministerial que debe desarrollar la normativa del Registro de Viajeros. La falta de un marco claro, unida a la investigación abierta por la Comisión Europea sobre este asunto -y pendiente de la mencionada Orden Ministerial-, acentúa la sensación de que España actúa al margen de la Unión Europea.

Ante este panorama, la Mesa del Turismo recuerda que la convergencia con Bruselas no es una opción y que los Estados miembro de la UE tienen la obligación de trasponer a sus respectivas legislaciones nacionales la comunitaria.

La Mesa del Turismo en Bruselas

Esta persistente confrontación entre el Gobierno y Bruselas se agudiza justo cuando la Mesa del Turismo acaba de poner en marcha, de la mano de JRB Consulting Advisory, su Proyecto de Posicionamiento en la Unión Europea, un plan de acción para los próximos cuatro años con el objetivo de llevar la voz del turismo español a Europa y que nuestro país tenga una capacidad de influencia decisiva en la política turística comunitaria.

Precisamente, la próxima semana, el presidente de la Mesa del Turismo, su secretario general, Carlos Abella, y su vicepresidente y responsable de Relaciones Institucionales, Santiago Vallejo, viajarán a Bruselas para mantener durante los días 14 y 15 de octubre una ronda de reuniones con eurodiputados del Parlamento Europeo.