Luz verde al Estatuto del Becario para más de 1,7 millones de jóvenes

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma que fija por primera vez un marco de derechos para más de 1,7 millones de jóvenes en prácticas en España. La decisión, adoptada el 3 de marzo, abre ahora su tramitación parlamentaria en un contexto político complejo tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo.

El texto es fruto del acuerdo alcanzado en junio de 2023 con los sindicatos UGT y CCOO, sin el respaldo de la patronal, y llega tras un proceso de negociación que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó como de 15 meses en la mesa de diálogo social, superando incluso la duración de la reforma laboral. El anteproyecto ya había recibido el visto bueno en primera vuelta en noviembre de 2025.

Régimen sancionador y límites a las prácticas

La norma incorpora un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar entre 120.006 y 225.018 euros en caso de infracciones muy graves en su grado máximo. Para las infracciones muy graves en grado mínimo, las sanciones se sitúan entre 7.501 y 30.000 euros, mientras que en grado medio oscilan entre 30.001 y 120.005 euros, configurando un marco punitivo relevante para empresas e instituciones formativas.

En cuanto a la regulación de las prácticas, el Estatuto reduce el máximo de horas de las extracurriculares a 480 por alumno y curso, la mitad del límite actual. Además, obliga a las empresas a compensar los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, limita a cinco el número máximo de personas en prácticas por tutor de empresa y prohíbe que las actividades formativas se desarrollen en horario nocturno o a turnos.

Refuerzo de control y supervisión

De forma paralela, el Ministerio de Trabajo ha activado el denominado Buzón de las personas becarias, en colaboración con la Inspección de Trabajo, con el objetivo de facilitar la denuncia de posibles irregularidades como la sustitución encubierta de trabajadores o la ausencia de tutorización efectiva.

La iniciativa busca reforzar la supervisión y evitar usos fraudulentos de las prácticas no laborales, un ámbito que afecta a un volumen significativo de jóvenes y que hasta ahora carecía de un estatuto jurídico específico.

Tramitación incierta en el Congreso

Al tratarse de un proyecto de ley, el texto deberá superar ahora su tramitación en las Cortes Generales. La aprobación definitiva se prevé compleja ante la fragmentación parlamentaria y el malestar expresado por algunos socios del Gobierno sobre el desarrollo de las negociaciones.

A ello se suma el rechazo de los rectores universitarios, que han criticado la falta de participación de la comunidad académica en la elaboración del anteproyecto, lo que anticipa un debate político y sectorial intenso en los próximos meses.