Semaf llama a tres días de huelga y exige responsabilidades por los fallos de seguridad ferroviaria
Actualidad | Destacado | Marta Palacios | 22/01/2026
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, los próximos 9, 10 y 11 de febrero, para exigir medidas urgentes que refuercen la seguridad ferroviaria tras los accidentes registrados en Adamuz y Gelida, que han dejado numerosas víctimas mortales, entre ellas tres maquinistas.
La huelga como respuesta a la falta de seguridad
El sindicato considera que el paro es “la única vía legal” que se ha dejado a los trabajadores para reclamar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y garantizar tanto la integridad de los profesionales como la de los usuarios. La convocatoria afecta a todos los maquinistas de las distintas empresas del sector, para los que ya se han iniciado los trámites legales correspondientes.
Accidentes que marcan un punto de inflexión
Semaf subraya que los siniestros de Adamuz y Gelida suponen un antes y un después en la exigencia de responsabilidades y actuaciones inmediatas. El sindicato reclama que se atiendan los numerosos partes y notificaciones remitidos por los maquinistas sobre el mal estado de las vías, alertas que, según denuncian, permanecen sin respuesta durante meses e incluso años.
Críticas a la gestión y posibles acciones legales
La organización ha calificado de inadmisible la difusión “sesgada” de conversaciones del maquinista implicado en el accidente de Adamuz con el puesto de mando, recordando que su custodia corresponde a Adif. Semaf estudia medidas legales para que se investigue judicialmente esta filtración.
Prevención ante temporales y exigencia de responsabilidades
En relación con el accidente de Gelida, el sindicato insiste en la necesidad de protocolos específicos ante emergencias meteorológicas en tramos con antecedentes, donde los desprendimientos de muros, rocas o árboles se repiten con cada temporal. Al margen de la huelga, Semaf reclama responsabilidades penales a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria.
