Al no proteger a las personas más vulnerables frente al calentamiento global, ¿han faltado una vez más a sus responsabilidades?

Tan sólo podemos constatar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no ha permitido tomar las decisiones contundentes que exige la aceleración del calentamiento global y el aumento del número de fenómenos extremos que estamos presenciando.

A pesar de varios anuncios prometedores y de los compromisos adquiridos por una treintena de países para reducir las emisiones de metano, por ejemplo, o para dejar de financiar los combustibles fósiles en el extranjero, los esfuerzos resultan del todo insuficientes para lograr la neutralidad del carbono de aquí a 2030, según la responsable del clima de la ONU, Inger Anderson.

Sin querer parecer catastrofista ni excesivamente exigente, como líder climático, solo puedo decir que los responsables mundiales han traicionado los fundamentos mismos sobre los que se construyeron las Naciones Unidas: un compromiso inquebrantable no con los países y los Estados, sino con las personas, los pueblos.

De hecho, a lo largo de las negociaciones, las decisiones que se han tomado ignoran nuestros derechos como seres humanos.

Los líderes mundiales han vuelto a fallar a la hora de comprometerse a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5º C. No sólo están condenando a daños colaterales a más de 500 millones de personas de comunidades marginadas, sino a toda la humanidad, porque el calentamiento global no conoce fronteras. 

Aunque los fenómenos extremos, como las olas de calor recurrentes y la escasez de agua, afectarán más al Sur, el Norte no se salvará, ya que es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero.

El cambio climático es palpable aquí en España, en Europa.

Este verano, la ciudad italiana de Siracusa registró la temperatura más alta jamás medida en una ciudad europea, con 48,8°C el 11 de agosto de 2021.

La amenaza se acerca cada vez más y la gestión de los riesgos que conlleva adquiere sin duda mayor dimensión a nivel continental. No estamos en las lejanas tierras de Irán o México, que regularmente baten récords de temperatura, sino en suelo europeo, la misma tierra que el verano de 2021 habrá visto, a su vez, sofocada por el calor, devastada por los incendios forestales e inundada por lluvias torrenciales de una intensidad poco común.

Este anclaje en la actualidad de los europeos le da una resonancia diferente a la forma de percibir el calentamiento global: una vez más, se encuentra aquí, dentro de casa.
No estamos ante fenómenos «aislados», sino ante una espiral que anuncia trastornos trágicos que podrían encadenarse sin fin, de modo que ya no podría calificarse de crisis.

Es una certeza: hoy en día, el 90 % de las catástrofes están relacionadas con las condiciones climáticas. Se calcula que esto costará a la economía mundial más de 520.000 millones de dólares al año, y que al menos 26 millones de personas al año se sumarán al creciente número de personas sumidas en la pobreza a causa de las condiciones climáticas. Según un estudio de 20 años realizado por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de las Catástrofes con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Catástrofes, las inundaciones amenazan cada vez más a la población mundial, con 2.300 millones de personas afectadas entre 1995 y 2015, y Europa no es una excepción.

Desde la firma del Acuerdo de París el 2 de noviembre de 2015, los ciudadanos europeos han visto crecer su necesidad de un nuevo y más sostenible orden socioeconómico mundial. Ante las amenazas del cambio climático, exigen a sus dirigentes que actúen, ya sea a nivel nacional o en las instituciones europeas. Naturalmente, las diferentes regiones, grupos de países y naciones tienen diferentes niveles de participación.

Una cosa sí es cierta: la pandemia de Covid-19 ha contribuido a consolidar esta conciencia, y el sentimiento general es el mismo tanto si se es español como francés, griego o polaco. Bajo arresto domiciliario por repetidos encierros, los 447 millones de ciudadanos europeos se han tomado el tiempo de cuestionar su modelo de existencia y el 94 % considera que la protección del medio ambiente es una causa importante para ellos. 

Recientemente, una encuesta del Eurobarómetro publicada el 5 de julio de 2021 aclara las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos de los 27 Estados miembros. Creen que el cambio climático es actualmente el problema mundial más grave, por delante de la pandemia del Covid-19 o la crisis económica.

En España, a pesar de los riesgos extremos a los que estamos expuestos, las soluciones tardan en llegar. El Gobierno, a través de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho pública una estrategia de lucha contra la desertificación para el año 2022, porque el estado de nuestras costas mediterráneas, en particular, es motivo de gran preocupación.

Las costas de Almería se encuentran actualmente entre las zonas más secas de España. Según los expertos del IPCC, su clima subdesértico hace probable que se produzcan situaciones extremas en un futuro próximo, ya que se espera que las temperaturas aumenten una media de 2,4 grados de aquí a 2050. Andalucía, por desgracia, no será una excepción.

Tres cuartas partes de la Península Ibérica están secas y 90.000 km2, es decir, casi el 20 % de la península española, se convertirán en enormes zonas desérticas si no se hace nada para frenar este fenómeno. A pesar de estos hechos alarmantes, de la desecación de los ríos, de las lluvias torrenciales, de las altas temperaturas récord y de los repetidos incendios forestales, las cosas parecen seguir como si no hubiera pasado nada, como si aún estuviéramos a tiempo.

Sin embargo, más del 70 % de las cuencas hidrográficas están sometidas a graves tensiones y los grupos ecologistas dan la voz de alarma para que se tomen medidas urgentes de gestión del agua. No se trata solo de luchar contra el creciente número de pozos ilegales, sino también de gestionar los excesos de la agricultura intensiva y la contaminación de las aguas subterráneas.

Los informes se multiplican, el nivel de concienciación de la población aumenta, pero la aplicación de las estrategias trazadas por el gobierno tarda en llegar.

Sin embargo, España, que acogió la COP 25 en Madrid en 2019, tiene los medios para adoptar una política más audaz en la lucha contra el efecto invernadero. Ha aprobado varias leyes ambiciosas, como la destinada a fomentar la renovación de edificios, con un atractivo sistema fiscal para la construcción de nuevas estructuras de energía cero (España tendrá un 20 % de edificios nuevos en 2050). 

En cuanto a la movilidad, está previsto que en 2030 la proporción de coches que no emiten CO2 sea del 28 % y que alcance el 79 % en 2050, gracias sobre todo al desarrollo de las infraestructuras de carga (340.000 terminales en 2030). 

En la agricultura, las políticas que fomentan una mejor gestión de los cultivos y la conservación del suelo deberían conducir a una reducción del 22 % de las emisiones de gases con efecto invernadero para 2050.

También se ha aprobado un proyecto de ley sobre residuos y suelos contaminados que, por primera vez en nuestra historia, incluye una normativa que limita el uso de plásticos de un solo uso. A partir del 1 de enero de 2023, se prohibirá la distribución gratuita de estos plásticos. Esto es necesario para reducir a la mitad la cantidad de residuos de un solo uso para 2026 y en un 70 % para 2030. El proyecto de ley también pretende reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % para los particulares, pero también para sectores como la restauración y la hostelería.

También está la estrategia de energía 100 % renovable para la que los diputados aprobaron la Ley de Transición Energética el pasado mes de mayo, con el fin de lograr la neutralidad del carbono en 2050. La crisis energética a la que nos enfrentamos actualmente hace urgente una política más proactiva para su aplicación.

Todas estas medidas son alentadoras y esperanzadoras, siempre que se acelere el ritmo de su aplicación y se implique estrechamente a la comunidad empresarial.

Evidentemente, las compensaciones serán difíciles porque estamos en medio de la obvia transformación que debemos hacer para lograr modelos más sostenibles y el desarrollo de nuestra economía y la preservación de nuestros puestos de trabajo. Pero lo uno no debe condicionar lo otro, lo uno no impide lo otro.

Como operadores económicos, debemos movilizarnos para este cambio necesario con la implantación de nuevos modelos que, sin duda, constituirán nuevos ejes de crecimiento.

El camino será largo y difícil, pero el sector empresarial español cuenta con las herramientas necesarias para esta transformación, al igual que España cuenta con los medios para dar ejemplo y liderar a Europa en materia climática. Nos hemos enfrentado a retos mucho mayores en un pasado no tan lejano. Los de la democracia, de la unidad del país y del desarrollo. Afrontemos juntos el reto del calentamiento global.

Nuestra supervivencia está en juego.