Eurostat ha publicado el dato adelantado para octubre de una tasa de inflación interanual que alcanza el 10,7%. La inflación en la Eurozona ha continuado al alza en los últimos meses, incrementándose desde el 8,1% en mayo; 8,6%, en junio; 8,9% en julio; 9,1% en agosto; 9,9% en septiembre y 10,7% en octubre. España, con una inflación del 7,3%, fue el segundo país con una subida de precios más moderada, por detrás de Francia.

De los diecinueve países de la zona euro, once países han registrado subidas de precios anuales de más del 10%. Los países que registraron niveles de inflación más elevados fueron Estonia, Lituania, Letonia con más del 20%, Países Bajos (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%), Alemania (11,6%), y Portugal con el 10,6%.

Los principales componentes de la dinámica inflacionista en octubre han sido la energía, que se habría encarecido un 41,9% interanual; los alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco (+13,1%); productos industriales no energéticos (+6%) y servicios (+4,4%).

El Banco Central Europeo (BCE), como organismo regulador de la política monetaria en la zona euro, ya ha elevado los tipos de interés y el euríbor ha alcanzado el 2,62 %, pero la aplicación de las recetas clásicas no está logrando los resultados esperados, ya que la inflación que sufre Europa no tiene una base monetaria, y se debe más a la oferta que a la demanda. El BCE con sus continuas subidas de tipos de interés y su negativa a comprar más deuda, provoca un encarecimiento de la inversión y el consumo a crédito, y contradice de facto los estímulos aplicados hasta ahora para superar la crisis provocada por el COVID19 y la guerra de Ucrania.

La Reserva Federal (homólogo del BCE), que controla y supervisa el sistema financiero de EE.UU. y cuyo objetivo es la estabilidad de los precios, ha adoptado similares medidas sin demasiado éxito. La percepción que tiene el BCE y la Reserva Federal estadounidense sobre el origen de esta dinámica inflacionaria ha resultado equivocada, porque parten del supuesto de que el incremento de los precios se debe a que hay demasiado dinero en circulación. Pero la realidad es diferente porque, actualmente, el incremento de la inflación se debe a otras causas, entre ellas la escasez en la oferta de bienes después de la pandemia, los problemas de suministro tras la invasión de Ucrania, el colapso en las relaciones comerciales provocado por China y al carácter especulativo de ciertos operadores económicos que suben de forma desmesurada sus márgenes.

La inflación tardará meses en descender, con un riesgo real de que se haga crónica, pero esas subidas de tipos de interés van a provocar menos inversión y empleo, además de un posible incremento de la deuda pública y privada. Así se percibe una evidente contradicción económica, con unos bancos centrales que tratan de frenar la demanda encareciendo el coste de la financiación, mientras los gobiernos la impulsan, gastando miles de millones en dar dinero a los hogares y las empresas para que sigan consumiendo o invirtiendo.

En mi opinión, hay que desarrollar otro tipo de medidas. En España se precisa ya un «pacto de rentas» para paliar las subidas de precios, que suponga que los trabajadores sacrifiquen temporalmente parte de su poder adquisitivo (ya lo han hecho durante meses) y los empresarios parte de sus beneficios, garantizando en el medio plazo que se recupere esa pérdida de poder adquisitivo de las familias. Este pacto de rentas debe acompañarse de políticas macroeconómicas que reduzcan la incertidumbre, gestionando de forma ágil los fondos europeos, mejorando la competitividad y la productividad de las empresas, fomentando la formación con contratación y el aprendizaje permanente, promoviendo la igualdad de oportunidades e impulsando el diálogo social y la negociación colectiva.

Además, es necesario llevar a cabo inversiones urgentes para ampliar la oferta, intervenir sobre los mercados energéticos y de materias primas, y establecer medidas eficaces de contención de los procesos especulativos que provocan subidas de precios que luego se trasladan al resto de la economía.

La prolongación de la invasión rusa a Ucrania está teniendo importantes efectos socioeconómicos que están afectando a todos los países por la enorme incertidumbre generada. Por eso, todos los gobiernos europeos están reconociendo un estancamiento económico y consideran inevitable tener una alta inflación hasta el verano de 2023. El anuncio realizado por Putin, el 21 de septiembre, de una movilización militar de la población rusa y su amenaza de que usará armas nucleares si peligra la integridad del territorio ruso, complica y mucho la situación, e intensifica la crisis de confianza existente.

La excepcionalidad ibérica acordada con la Comisión Europea ha permitido topar a duras penas los precios de gas y ha servido para aliviar temporalmente las tensiones inflacionistas y la escalada de precios energéticos. Pero esa excepcionalidad ibérica no se ha visto acompañada por la necesaria reforma del mercado eléctrico y energético en toda Europa.

La estanflación ya no es un espectro fantasmal si no una cruda realidad, con una recesión en ciernes en varios países. Las perspectivas para la economía española ya no son favorables y no habrá recuperación total de los niveles de prepandemia al menos hasta 2024. Además, se sufre una improductiva crispación política, que previsiblemente se irá acrecentando según se vayan acercando los procesos electorales del próximo año.

En este contexto de incertidumbre, el año 2022, ha aportado un decepcionante desempeño del Producto Interior Bruto en España, que solo ha supuesto un incremento del 0,3% en el primer trimestre, un 1,1% en el segundo trimestre, y del 0,2% en el tercer trimestre, echando por tierra unas previsiones muy superiores.  Ese último crecimiento trimestral de España es idéntico a la media del continente. Los países que más crecieron en el periodo fueron Suecia e Italia, mientras que otros países ya entraron en decrecimiento, como Letonia, Bélgica y Austria.

Por tanto, se puede pronosticar que tendremos un invierno duro y un inicio de 2023 con muchas dificultades y, aunque en el corto plazo no hay indicios de recesión económica en España, difícilmente se podrá evitar un estancamiento económico que repercutirá negativamente en la calidad de vida y el bienestar social. La clave está en que esta desaceleración no se contagie al mercado de trabajo, provocando destrucción de empresas y empleo. Es esencial evitarlo, lo que exige más dialogo social y arrimar el hombro.