2023 es un año clave para España. No solo porque es el año en que pueden cambiar todos los órganos de gobierno del país, sino porque España asume el liderazgo de la presidencia europea, y los ojos del continente estarán puestos sobre nosotros. Y si ustedes me preguntan, no creo que nuestros vecinos europeos hayan visto con muy buenos ojos que Ferrovial, una de las empresas más grandes e históricas de España, comunicara su decisión de trasladar su razón social desde España a Países Bajos, con motivo de encontrar un entorno más favorable para sus condiciones de financiación, dada la «solidez financiera y estabilidad» del país neerlandés en comparación a nuestro país.

La empresa liderada por Rafael del Pino optó en su momento por evitar la confrontación política explícita con el Gobierno, afirmando una realidad innegable:  la mayor parte de sus negocios se llevan a cabo en el extranjero, y su intención es expandirse hacia nuevos mercados en una economía globalizada, en línea con la trayectoria internacional de la compañía. 

Si bien la decisión aún debe ultimarse por parte del Gobierno de Países Bajos, durante varios días vivimos el bochorno de presenciar una serie de reproches desde el Gobierno que, aunque pueden ser comprensibles ante la marcha de una empresa histórica, no es menos cierto que durante los últimos meses hemos visto como el mismo Ejecutivo ha llevado a cabo ataques intolerables contra los empresarios de este país como supuestos causantes de “aprovecharse de la población”, sin preguntarse en ningún momento si sus políticas de mayor presión fiscal, en un entorno inflación y subida de costes son suficientes ya para considerar España como lo que es: un auténtico infierno para sus empresarios y su población.

Y es en este punto precisamente, y no en otros, donde Ferrovial pone de manifiesto un debate que los círculos empresariales tratan de traer sobre la mesa una y otra vez. Es muy complicado que nuestras compañías logren expandirse internacionalmente en un país que tiene una tasa de hiperendeudamiento tan alta como la que tiene actualmente España (112 % sobre el PIB) y, si bien no es la más alta de la eurozona, es innegable que entornos donde la deuda pública no llega siquiera al 50 % sobre el PIB como es el caso de Países Bajos, hacen que las empresas los vean como entornos fiscales más atractivos desde los que poner la primera piedra para expandirse a mercados internacionales tan potentes como es el Estadounidense. 

La propia Ferrovial lo explicaba en su comunicado, pero ya hemos podido comprobar que nuestros representantes públicos han decidido hacer caso omiso de las razones que han llevado a declarar su marcha, clasificándolas simplemente de “ridículas” (citando a la propia Moncloa). Y es triste ver este tipo de calificativos cuando, si nos paramos a pensarlo, nuestro problema de endeudamiento viene ya de lejos, desde el gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, sin que tuviera un freno durante la época de Mariano Rajoy. Es triste ver que el gobierno “más progresista de la historia” pierda una vez más la oportunidad de hacer autocrítica sobre las políticas fiscales que ha llevado a cabo España en los últimos 15 años, algo que podría ser perfectamente razonable. Al contrario, prefiere perder el tiempo cuestionando si las cuestiones que llevan a que una empresas histórica de nuestro país a marcharse son o no “ridículas”.

España asumirá la presidencia europea en unos meses, y solo espero que cuando ese momento llegue, no nos encontremos de nuevo con bochornos de este nivel cuando ya no solo tengamos que hacer frente a los problemas que tengamos ‘en casa’, sino también dar respuesta a los problemas que puedan acuciar a toda Europa.