La industria eólica es, sin duda, parte de la solución para el crecimiento y recuperación de la economía en España. El sector eólico, gracias a sus más de 250 centros industriales instalados en nuestro país, es un caso significativo de desarrollo industrial y de suministro de energía limpia, con presencia en el 100 % de la cadena de valor.

Desde el punto de vista de la aportación de la energía eólica a la economía española, destacamos cifras muy relevantes para el país, en el entorno de los 4.000 millones de euros, un 0,35 % del PIB, con unas exportaciones valoradas en 2.000 millones de euros y casi 600 millones de euros pagados en impuestos y tributos. Como parte de la actividad económica del sector eólico, hay que destacar la generación de empleo de calidad y a largo plazo.

El sector eólico emplea ya a más de 30.000 personas que forman parte de la actividad y las previsiones son duplicar estos puestos de trabajo antes de 2030. El sector eólico afronta con optimismo y responsabilidad los próximos años. Tenemos por delante retos estructurales importantes, que deben contar con cuatro pilares fundamentales en el sector energético general, y que es importante que se mantengan a lo largo del tiempo: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, visión de largo plazo a la hora de tomar medidas a corto plazo y diálogo con todos los actores.

La estabilidad regulatoria es una condición necesaria para la atracción de la inversión al sector renovable en su conjunto. Desde el sector eólico insistimos en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, cumpliendo con la regulación establecida tanto en el fondo como en la forma, de manera que se garantice, por un lado, la correcta formulación normativa con el pertinente rango legal y, por otro lado, la no discriminación entre instalaciones, contratos o tecnologías sin la justificación detallada para ello. Los cambios regulatorios, como el reciente cálculo de la minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico del Real Decreto ley 17/2021 detallado por el Gobierno, tienen como consecuencia directa la incertidumbre en el sector, y puede condicionar la toma de decisión de inversión de nuevas instalaciones, así como el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

Esperamos que –independientemente de las aclaraciones manifestadas por el Gobierno que ayudan a tranquilizar a una parte del sector–, las medidas aprobadas puedan ser reconducidas normativamente para volver a recuperar la confianza de los inversores, no penalizar la cadena de valor y, en definitiva, garantizar la seguridad jurídica como pilar fundamental para el avance hacia los objetivos 2030.

En estos momentos, nos encontramos ante una coyuntura complicada que vuelve a poner al precio de la electricidad como uno de los principales asuntos de preocupación desde el ámbito político, social y empresarial.

La subida de precios de la electricidad de los últimos meses no tiene como causa la disminución de la producción eólica en momentos puntuales del año, sino la coyuntura de precios de gas y CO2 unidos al mecanismo marginalista de fijación de precios. La energía eólica es esencial para bajar el precio de la luz y es una pieza fundamental para estabilizar los precios y generar ahorros a los ciudadanos, por lo que no tiene sentido penalizarla.

Otro de los grandes retos en el sector para los próximos años es el sistema de subastas: hay que seguir mejorando el diseño de las futuras subastas renovables estableciendo cupos por tecnologías, exigiendo el cumplimiento de plazos y la solvencia de los actores adjudicatarios. Pero, sobre todo, hay que enfocarlas desde el punto de vista del valor y no del precio, de manera que se consideren las aportaciones que cada tecnología realiza a la economía, los ahorros para el ciudadano, la cadena de suministro existente en nuestro país, la eficiencia del uso de las infraestructuras y la reducción de emisiones.

Las subastas celebradas en enero y octubre de este año adjudican 2.500 MW a construir antes de 2024. Sin embargo, para 2022 y 2023 dependemos de otra serie de mecanismos, como los PPAs, para poner en marcha los 2.200 MW anuales previstos en el PNIEC. En el sector estamos preocupados por los retrasos que percibimos en el desarrollo de parque eólicos, por lo que consideramos imprescindible trabajar en la mejora de la tramitación administrativa, en la clarificación de los criterios de acceso y conexión, en los nuevos mecanismos de subastas y, todo ello, apoyando a las instalaciones que vendan su energía a mercado o a través de PPAs.

Otro de los retos que tenemos que afrontar es el diseño del mercado europeo de la electricidad, implementando nuevos mecanismos que permitan reajustar su funcionamiento y, así, evitar coyunturas de tensión para los consumidores y resto de actores del sector como los que estamos viendo en la actualidad.

Como he dicho anteriormente, la tramitación administrativa y el acceso y conexión a red son retos de primer nivel. Hay que simplificar y coordinar la tramitación, aplicar metodologías objetivas y rigurosas, así como soluciones innovadoras y disruptivas para poder hacer frente al ritmo que se requiere. La tramitación administrativa de los proyectos eólicos no está siguiendo el ritmo necesario para cumplir con los objetivos de potencia eólica marcados para 2030 en el PNIEC. El sector eólico está abierto a trabajar junto con las Comunidades Autónomas para que la tramitación sea más ágil, pero a la vez, genere confianza en el entorno rural de que todos los proyectos se van a desarrollar con el máximo consenso, respeto al medio ambiente y generación de riqueza en el entorno.

Otro de los elementos que conforman el futuro inmediato del sector es la eólica marina y, en particular, la tecnología flotante. Es éste un vector estratégico fundamental para el crecimiento de nuestra industria en España y una palanca necesaria para la recuperación de la economía. España ofrece un potencial indudable como centro de referencia en industria e innovación en eólica marina flotante.

Por último, hay dos retos interconectados entre sí que deben ser una prioridad para España: el establecimiento de las bases técnicas y regulatorias para el lanzamiento de los primeros parques híbridos, así como de las primeras instalaciones de hidrógeno renovable. Las segundas no existirán sin las primeras dada la necesidad de una fuente de generación eléctrica predecible, de alto factor de capacidad y con costes muy competitivos. Los objetivos de descarbonización pasan por el hidrógeno, y no cabe otra opción que éste sea verde.

Nuestro sector está más que preparado para afrontar con éxito los desafíos tecnológicos, logísticos e industriales que tenemos por delante para cumplir los objetivos que se esperan de la eólica. Somos uno de los sectores tractores para una transición energética necesaria y urgente, y debemos contar con políticas industriales y energéticas estables en el tiempo, que apuesten por mantener la cadena de valor de la eólica como tecnología clave para la descarbonización.