España ante el reto de liderar la economía eléctrica europea

La experiencia internacional demuestra que los marcos regulatorios claros, evolutivos y basados en el aprendizaje práctico ofrecen mejores resultados que los cambios bruscos o imprevisibles. España no puede permitirse una política de vaivenes: necesitamos estabilidad, visión y consenso.

España vive un punto de inflexión decisivo. La transformación energética que hace apenas una década era una aspiración se ha convertido hoy en una realidad tangible. Nuestro país está demostrando que la descarbonización no solo es compatible con el crecimiento económico, sino que puede convertirse en su mayor motor.

Con visión y esfuerzo, hemos construido un sistema eléctrico que combina liderazgo renovable, estabilidad tecnológica y compromiso climático. Hoy, la electricidad de origen renovable representa el 57,2 % de la generación bruta, un récord histórico que sitúa a España entre los países más avanzados de Europa. Este logro es fruto de décadas de políticas coherentes, inversión empresarial y una apuesta constante por la innovación.

Sin embargo, el verdadero desafío empieza ahora. España está en el camino correcto, pero debe acelerar el paso para consolidar su liderazgo y cumplir los objetivos climáticos que exige un planeta que muestra signos cada vez más preocupantes de agotamiento. La transición energética no puede quedarse en planificación o voluntad: necesita concreción, ritmo y decisión.

En 2024 se solicitaron más de 67 GW de nuevos accesos y conexiones a la red, procedentes de proyectos industriales, centros de datos, infraestructuras de recarga o desarrollos urbanos. Detrás de esas cifras hay un país que quiere modernizarse, atraer inversión y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, casi dos tercios de esas solicitudes no pudieron atenderse por falta de capacidad, y el 83 % de los nudos de la red de distribución están hoy saturados. Es una señal de alarma: la red eléctrica no puede ser el cuello de botella de la transición, sino su principal acelerador.

Cada megavatio renovable conectado, cada kilómetro de red modernizado y cada innovación digital implementada se traduce en empleo, productividad y bienestar. Por eso, invertir en red no es un asunto técnico, sino una prioridad económica y social. Si queremos que España siga siendo un destino atractivo para industrias electrointensivas, gigafactorías o centros de datos, necesitamos una red moderna, digital y preparada para integrar la nueva demanda con seguridad y eficiencia.

El modelo eléctrico español ha demostrado solidez y capacidad de adaptación, pero debe evolucionar al ritmo que exige la transición. La política energética y la regulación han de avanzar de forma coordinada con la inversión y la innovación tecnológica. Las empresas están listas para desplegar infraestructuras y movilizar capital, pero necesitan marcos estables y predecibles, que reconozcan la magnitud del reto y ofrezcan una retribución adecuada al riesgo asumido.

El capital es finito y compite a escala global. Solo los países que transmiten confianza y estabilidad regulatoria atraerán los recursos necesarios para acometer esta transformación. En este sentido, el proyecto de Real Decreto sobre los planes de inversión en redes supone un paso positivo al reconocer la importancia de las inversiones anticipatorias, la digitalización y la expansión hacia nueva demanda. Pero ese avance debe completarse con un modelo retributivo coherente, que garantice la viabilidad de las inversiones y movilice capital nacional y europeo hacia el sistema eléctrico español.

La experiencia internacional demuestra que los marcos regulatorios claros, evolutivos y basados en el aprendizaje práctico ofrecen mejores resultados quelos cambios bruscos o imprevisibles. España no puede permitirse una política de vaivenes: necesitamos estabilidad, visión y consenso.

Una oportunidad industrial y territorial

La transición energética no es solo una transformación tecnológica, sino también una oportunidad industrial y territorial. La expansión de las energías renovables ha generado oportunidades inéditas en la España rural, que hoy produce el 84 % de la energía renovable del país. Estas zonas se han convertido en polos de atracción de inversión, empleo y cohesión territorial. Cada parque eólico o planta fotovoltaica es, además de un proyecto energético, un proyecto de desarrollo local.

Este impulso está contribuyendo a reducir desigualdades y a fijar población en entornos rurales. Las redes inteligentes, el almacenamiento y la gestión activa de la demanda serán herramientas clave para garantizar que la energía llegue a todos los rincones del país con la misma calidad y fiabilidad.

En un momento en que Europa compite por atraer nuevas industrias, disponer de una electricidad limpia, estable y competitiva se ha convertido en una ventaja estratégica. España tiene la oportunidad de consolidarse como el gran polo energético del sur de Europa: un país capaz de ofrecer a su tejido productivo una energía que combine sostenibilidad, eficiencia y precio competitivo.

El éxito de la transición eléctrica española dependerá, en última instancia, de la colaboración entre el sector público, la iniciativa privada, los reguladores y la ciudadanía. Ningún actor puede afrontar en solitario la magnitud de este cambio. La electrificación será sostenible solo si es compartida, fruto del consenso, la planificación y la confianza mutua.

Pero, sobre todo, sin inversión ni colaboración público-privada, la transición no será posible. La planificación debe ir acompañada de ejecución, porque solo así la visión de una economía electrificada podrá materializarse en empleo, innovación y competitividad.

La próxima década será decisiva. De las decisiones que tomemos hoy dependerá el lugar que ocupará España en la economía europea y global del futuro. Tenemos los recursos naturales, las empresas y el talento necesarios para liderar esta nueva economía eléctrica, pero necesitamos también un marco regulatorio que acompañe ese liderazgo con estabilidad y visión de largo plazo.

España necesita una red más moderna y digital, una regulación estable y una inversión sostenida que garanticen un suministro seguro, sostenible y competitivo. Queremos un país que mire al futuro con confianza, que aproveche su energía –en todos los sentidos– para impulsar su desarrollo y su bienestar.

España tiene la capacidad y la ambición para ser la gran economía eléctrica del sur de Europa. Convertir esa posibilidad en realidad es una tarea colectiva, un proyecto de país que exige compromiso, diálogo y visión.

En esa energía está nuestro futuro. Y ese futuro, sin duda, será eléctrico.