Los gestores administrativos piden revisar Verifactu para autónomos y micropymes
El colectivo reclama al Gobierno adaptar la implantación de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria al tamaño real de los negocios. Propone introducir criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal para evitar cargas tecnológicas excesivas.
Empresa | 04/08/2026
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria.
El objetivo es adaptar ambas normas a la realidad de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal.
«De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria», ha justificado el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.
El calendario de implantación de Verifactu establece como fecha límite el 1 de enero de 2027 para las empresas que declaran el impuesto sobre sociedades.
Los autónomos y el resto de los sujetos obligados deberán adaptar sus sistemas de facturación antes del 1 de julio de 2027.
Las pymes representan el 99,8% del tejido empresarial
Los gestores administrativos han recordado que el 99,8% del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas.
En muchos de estos negocios, la estructura es muy reducida y el propio empresario asume al mismo tiempo la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento de las obligaciones normativas.
El colectivo advierte de que cada nueva exigencia regulatoria resta a estos profesionales un tiempo que dejan de dedicar a producir, vender, atender a sus clientes o crear empleo.
«La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas», ha señalado el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago.
El colectivo defiende una regulación según el riesgo fiscal
Los gestores administrativos han aclarado que no cuestionan la digitalización ni las medidas destinadas a combatir el fraude fiscal.
Consideran, por el contrario, que la inteligencia artificial y las capacidades tecnológicas de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad para mejorar la eficacia de los controles.
El colectivo propone sustituir el modelo rígido del «café para todos» por una regulación que diferencie claramente entre contribuyentes con perfiles y niveles de riesgo distintos.
Tres medidas para corregir la normativa
El Consejo General plantea revisar la regulación e introducir medidas correctoras antes de la entrada en vigor de las nuevas obligaciones.
En concreto, solicita incorporar criterios objetivos en la norma, aplicar exenciones selectivas y elaborar un estudio de impacto conjunto sobre Verifactu y la factura electrónica obligatoria.
El organismo también ha preparado un informe técnico que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria.
Con este documento pretende demostrar cómo una única operación extraordinaria puede activar obligaciones tecnológicas permanentes para pequeños comercios.
