La FEMP reclama a Hacienda que desbloquee 23.000 millones de los ayuntamientos para vivienda
Actualidad | Vivienda | 26/10/2026
Según fuentes de la organización municipalista, Hacienda todavía no ha definido las condiciones y requisitos para utilizar estos recursos, pese a las distintas peticiones trasladadas por la FEMP. «La principal demanda social en la actualidad es la vivienda y con nuestros ahorros podemos contribuir a satisfacerla de alguna manera», señalan.
Los municipios reclaman un marco regulatorio
La FEMP considera que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre puede retrasar aún más la utilización de unos fondos que los municipios llevan acumulando durante los últimos años.
La federación plantea como posible solución la aprobación de un real decreto-ley de urgencia a través de la Diputación Permanente del Congreso que permita articular el uso de los remanentes.
«Si tenemos dinero que nos dejen invertirlo», sostienen desde la organización.
Los ayuntamientos han acumulado estos recursos como consecuencia de los superávits obtenidos y de la liquidez disponible al cierre de los ejercicios. La FEMP cifra los remanentes de tesorería en «aproximadamente 23.000 millones de euros».
«Los ayuntamientos no podemos endeudarnos pero tampoco estamos para ahorrar el dinero sin más», añaden las mismas fuentes.
La federación, que representa al 95 % de los gobiernos locales españoles, asegura que ya reclamó durante 2025 al Ministerio de Hacienda soluciones para utilizar estos recursos.
La vivienda, entre los destinos prioritarios
El Gobierno autorizó finalmente en diciembre de 2025 el uso de determinados superávits en Inversiones Financieramente Sostenibles hasta 2027.
Ahora, la FEMP reclama que se regule específicamente la utilización de los 23.000 millones correspondientes a remanentes de tesorería, una cantidad de la que una parte relevante podría destinarse a vivienda social.
Las inversiones financieramente sostenibles pueden emplearse en actuaciones de alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos, alumbrado público, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.
Los ayuntamientos deben comunicar a Hacienda el destino de los recursos y, en los proyectos de mayor importe, solicitar autorización al Ministerio.
La FEMP teme que el proceso electoral y el tiempo necesario para constituir un nuevo Gobierno provoquen retrasos importantes en los proyectos, especialmente en aquellos relacionados con vivienda, cuya planificación y ejecución requieren plazos más amplios.
La FEMP pide ampliar la autorización más allá de 2027
La federación considera insuficiente el plazo temporal establecido para reinvertir superávits y remanentes.
El real decreto contempla que las inversiones financiadas con el superávit obtenido en 2024 puedan ejecutarse durante 2025, 2026 y 2027. Según la información facilitada, este superávit supera los 45.000 millones de euros.
Al haberse aprobado la medida en diciembre de 2025, la FEMP señala que, en la práctica, quedaron únicamente dos ejercicios completos para desarrollar las inversiones.
Por este motivo, la organización reclama desde hace tiempo una prórroga indefinida de la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que regula el destino de los superávits y remanentes de tesorería.
El parque público ronda las 318.000 viviendas
La FEMP considera que la vivienda debería convertirse en uno de los principales destinos de estos recursos, dadas las competencias municipales en clasificación de suelo, concesión de licencias, gestión de suelo público y promoción de vivienda pública.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cifra el parque de viviendas de titularidad pública autonómica y municipal en unas 318.000 unidades, alrededor del 1,7 % de los hogares del país.
La federación advierte, no obstante, de que la ampliación del parque público no depende únicamente de los recursos necesarios para construir las viviendas, sino también de la capacidad posterior para gestionarlas y mantenerlas.
La posibilidad de utilizar los remanentes municipales permitiría, según la FEMP, reforzar la inversión en vivienda pública, aunque reclama que se agilicen los procedimientos necesarios.
«Pero deben dejarnos y facilitarnos las cosas, no al revés, dilatando las soluciones en el tiempo», señalan las fuentes de la Federación.
