Dircom, ADC y APRI han condenado cualquier práctica de clasificación ideológica de periodistas. ¿Dónde debe situarse el límite entre conocer a los profesionales con los que se relaciona una organización y elaborar perfiles que puedan condicionar el trato que reciben?

Conocer el trabajo de un periodista es necesario. Saber qué temas cubre, en qué medio trabaja o qué tipo de información necesita permite que la relación sea más profesional y útil para ambas partes. Otra cosa muy distinta es atribuirle una ideología o clasificarlo en función de si se le considera afín o crítico con una institución, un Gobierno o una determinada posición política.

El límite está en la finalidad de esa información. Si sirve para facilitar el trabajo periodístico, es legítima. Si puede utilizarse para decidir quién accede a una fuente, quién recibe información o quién puede entrevistar a un portavoz, se está cruzando una línea. La mirada crítica de un periodista forma parte de su independencia y no debería traducirse nunca en un trato diferente.

 

Interior ha defendido que se trataba de un documento interno de trabajo. ¿Consideran que ese carácter interno puede justificar la recopilación de valoraciones sobre la ideología o posicionamiento de un periodista?

Que un documento sea interno no justifica su contenido. Los documentos de trabajo también influyen en las decisiones y reflejan la manera en la que una organización entiende su relación con los medios.

No nos corresponde valorar la intención con la que se elaboró ni hacer afirmaciones sobre un uso que desconocemos. Nuestra posición se refiere al principio profesional. La supuesta ideología de un periodista no es un dato necesario para gestionar la relación con él y no debería formar parte de este tipo de herramientas.

Una organización debe aplicar internamente los mismos valores de transparencia, respeto e igualdad que defiende públicamente. La coherencia se demuestra también en los procedimientos que no se ven.

 

Los departamentos de comunicación manejan habitualmente bases de datos y segmentaciones de medios y periodistas. ¿Qué información consideran legítimo recopilar y qué datos deberían quedar siempre fuera de cualquier herramienta de relaciones con los medios?

Es razonable disponer de datos de contacto, conocer el medio, la sección, los temas que cubre el periodista o los formatos en los que trabaja. También se puede analizar la información que publica para comprender mejor sus intereses profesionales y ofrecerle contenidos relevantes.

Lo que no debería aparecer son valoraciones sobre su ideología, sus creencias o su vida privada, ni etiquetas como “afín”, “hostil” o “problemático”. Un periodista puede ser crítico con una empresa o una institución y mantener con ella una relación plenamente profesional.

Estas herramientas deben servir para mejorar la calidad de la información que ofrecemos, no para clasificar a las personas ni condicionar el acceso que reciben.

 

¿Cree que existe actualmente suficiente transparencia sobre los criterios que utilizan instituciones y empresas para decidir a qué medios y periodistas dan acceso a sus portavoces?

No siempre. Las organizaciones no pueden atender todas las peticiones ni ofrecer el mismo acceso en todo momento, pero sí deberían tener criterios profesionales claros. La especialización del periodista, el interés informativo, el formato o la pluralidad pueden ser criterios razonables. La afinidad editorial o ideológica no lo es.

En las instituciones públicas esta responsabilidad es aún mayor, porque la información que gestionan pertenece al ámbito del interés general. Igualdad de acceso no significa que todos los medios tengan que estar en todos los espacios al mismo tiempo. Significa que las reglas deben ser las mismas, que no puede haber vetos ideológicos y que las decisiones tienen que poder explicarse.

 

¿Puede un episodio como este deteriorar la confianza entre periodistas y departamentos de comunicación? ¿Qué debería hacer el sector para reconstruirla cuando se producen situaciones de este tipo?

Sí, porque genera una duda muy difícil de despejar. El periodista puede preguntarse si una información crítica afectará a su acceso futuro a fuentes o portavoces. Y cuando aparece esa sospecha, la relación profesional se resiente.

Para recuperar la confianza hay que explicar lo ocurrido, revisar los procedimientos, retirar cualquier clasificación inadecuada y garantizar que no existe un trato diferente por razones ideológicas. También hace falta hablar con los periodistas y escuchar sus preocupaciones.

En Dircom contamos ya con una base para esa autorregulación. Nuestro Código Ético, de obligado cumplimiento para los socios, defiende la libertad de información, la pluralidad y la independencia, y establece expresamente que no se debe discriminar entre periodistas ni entre medios. El reto es conseguir que estos principios se conozcan, se apliquen y se traduzcan en criterios concretos de actuación. También debemos reforzar este marco junto con ADC, APRI y otras organizaciones representativas de la comunicación y el periodismo, porque una posición compartida por el conjunto del sector ayuda a prevenir malas prácticas.

El director de Comunicación tiene una responsabilidad especial en todo esto. Debe velar por que esos principios se apliquen, anticipar riesgos y advertir de prácticas que puedan dañar la reputación y la relación con los medios.