La SEPI alcanza el 10% de participación en Telefónica

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, ha alcanzado el 10% del capital social de Telefónica, cumpliendo así el mandato del Gobierno emitido a finales del año pasado, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la SEPI ha adquirido un total de 567.016.155 acciones a un precio medio de 4,0295 euros por acción, lo que eleva el importe de la operación a casi 2.285 millones de euros. A este paquete accionarial se suman 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera, alcanzando un total de 567.016.696 acciones.

«La operación se ha realizado minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las normativas de participación significativa de los mercados donde opera», ha detallado la entidad pública.

Considerando la cotización de Telefónica al cierre de la jornada bursátil del lunes, que fue de 4,186 euros, el paquete accionarial del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de aproximadamente 2.373,5 millones de euros, unos 89 millones de euros más que el importe desembolsado.

El mandato del Gobierno a la SEPI se emitió el 19 de diciembre de 2023, por lo que la operación para adquirir el 10% de Telefónica por parte del Estado se ha realizado en cinco meses.

En cuanto al avance de la posición de la SEPI en el capital social de Telefónica en los últimos meses, el 25 de marzo se reveló una participación del 3,044%; el 15 de abril aumentó al 5,034%; el 26 de abril alcanzó el 6,169%; el 8 de mayo subió al 7,079%; el 14 de mayo llegó al 8,53% y el 16 de mayo al 9,038%.

Cabe recordar que el mandato del Gobierno a la SEPI de adquirir hasta el 10% de Telefónica se produjo en respuesta al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete el pasado 5 de septiembre.

En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica (4,9% en acciones directas y 5% en derivados financieros) en una operación valorada en 2.100 millones de euros, unos 185 millones de euros menos que el importe desembolsado por el Ejecutivo.

Posibilidad de tener dos consejeros

El consejo de administración de Telefónica acordó el 8 de mayo, por unanimidad, aceptar la «renuncia voluntaria» de Carmen García de Andrés como consejera y nombrar por cooptación a Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.

Apenas un día después del nombramiento de Ocaña, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno nombre un segundo consejero en representación de la SEPI cuando se cumpla el objetivo de adquirir el 10% del capital de la teleco.

Asimismo, la semana pasada, Escrivá afirmó en un acto que el Gobierno ha dado instrucciones a la SEPI sobre hasta dónde quiere llegar en Telefónica.

Por su parte, la SEPI ha destacado que su participación en el capital de Telefónica tiene «vocación de permanencia» y busca aportar una «mayor estabilidad accionarial» a la compañía para la consecución de sus objetivos, además de contribuir a la «protección de sus capacidades estratégicas».

Además, la SEPI subrayó que «Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos».

«La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa», añadió.

Autorización a STC

Más allá de que el Gobierno haya dejado la puerta abierta a la posibilidad de solicitar otro consejero más en Telefónica, todavía está por determinar si STC solicitará un asiento en el máximo órgano de decisión de la compañía española.

Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras, y dado que Telefónica es considerada una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, el Gobierno debe aprobar que una empresa extracomunitaria posea más del 5% del capital social en una compañía española de este tipo.

Así, STC debe remitir al Ejecutivo sus intenciones en la compañía y detallar si entre sus objetivos figura, entre otras cosas, entrar en el consejo de administración de la empresa. Sin embargo, se desconoce si STC ha enviado ese documento, aunque el Gobierno ha indicado en varias ocasiones que no tiene constancia de ello.