Si de verdad se pretende un futuro descarbonizado que permita mantener la competitividad de nuestra industria hay una necesidad urgente de situar la inversión en infraestructuras eléctricas en el centro de la política económica.

La gran paradoja de la transición

Durante los últimos años, el debate público y las estrategias energéticas globales se han centrado masivamente en la generación. Hemos celebrado cada nuevo parque eólico visible en el horizonte y cada hectárea cubierta por paneles solares como victorias definitivas contra el cambio climático. Sin embargo, en esta carrera por transformar la matriz energética, hemos pasado por alto una paradoja estructural: de nada sirve producir megavatios limpios si no disponemos de los caminos necesarios para llevar esa electricidad hasta el punto exacto donde se necesita.

Es muy importante entender que hay dos grandes carencias en el ámbito de la generación renovable: el primero es la capacidad de almacenaje, el segundo la incapacidad de transportar en tiempo y forma esta energía. España cuenta con una capacidad fotovoltaica y eólica instalada mucho más que suficiente, pero que sin acometer estos dos aspectos generan un cuello de botella difícil de superar. En esas líneas trataremos de la red eléctrica.

La transición energética no se frenará por la falta de recursos renovables ni por el déficit de tecnologías de generación, sino por la rigidez de nuestras infraestructuras de transporte y distribución. La red eléctrica, esa arteria invisible que vertebra el funcionamiento de nuestras ciudades y de nuestra industria, se encuentra hoy al borde de una saturación que amenaza con estrangular tanto los objetivos climáticos como el desarrollo económico. Nos encontramos ante el gran embudo de la electrificación.

El tsunami de la nueva demanda

Para entender la magnitud del desafío, es imprescindible analizar el cambio radical que está experimentando la demanda energética. Hasta hace muy poco, el consumo eléctrico seguía picos previsibles vinculados al ciclo diario de los hogares y al horario laboral de las empresas. Hoy, la electrificación masiva de la economía ha dinamitado esos esquemas tradicionales.

Hay también una evidente dificultad de manejar los excedentes de las instalaciones particulares. Las subastas de energía permiten entender fácilmente cuál va a ser la cantidad energética producida, conectando o no la capacidad instalada a la red. En el caso de los excedentes particulares esto es muchísimo más difícil porque depende del propio consumo de esos hogares que son a su vez productores.

Por un lado, asistimos a la transformación del ámbito cotidiano. El despliegue de la movilidad eléctrica y la sustitución gradual de las calderas de combustión por sistemas de aerotermia y bombas de calor no solo incrementan el consumo global, sino que alteran profundamente la curva de carga y la intensidad en la red de distribución local.

Por otro lado, y con un impacto aún mayor a escala macroeconómica, irrumpen nuevos actores hiperintensivos en el uso de energía. La digitalización acelerada, la expansión de los centros de datos indispensables para la inteligencia artificial y la computación en la nube, así como los proyectos para la producción de hidrógeno verde y la reindustrialización sobre bases descarbonizadas, exigen accesos a la red de gran potencia y con un nivel de fiabilidad absoluto. En múltiples regiones, el cuello de botella ya no es la falta de inversores o de proyectos industriales, sino la respuesta negativa a las solicitudes de enganche eléctrico por falta de capacidad de evacuación y transporte.

De avenidas unidireccionales a autopistas inteligentes

El reto no es únicamente cuantitativo —añadir más kilómetros de cable o construir más subestaciones—, sino cualitativo. El modelo eléctrico tradicional estaba diseñado como un sistema unidireccional y centralizado: unas pocas grandes centrales nucleares, térmicas u hidráulicas generaban energía a alta tensión y la enviaban en una sola dirección hacia las grandes industrias y los núcleos urbanos.

El paradigma actual es diametralmente opuesto. Es un modelo distribuido, bidireccional e inherentemente volátil. Hoy, la generación procede de miles de puntos heterogéneos (instalaciones eólicas, plantas fotovoltaicas de gran escala y millones de tejados solares residenciales) cuya producción depende de las condiciones meteorológicas. A su vez, el consumidor ha dejado de ser un mero receptor pasivo para convertirse en «prosumidor», alimentando la red con sus excedentes de autoconsumo o gestionando baterías de almacenamiento tal y como ha quedado indicado.

Convertir una red concebida para el siglo XX en la plataforma que requiere el siglo XXI exige un volumen de inversión sustancial en digitalización y redes inteligentes (Smart Grids). La infraestructura debe dotarse de capacidad analítica, sensores avanzados e inteligencia artificial para predecir fluctuaciones, gestionar la flexibilidad de la demanda en tiempo real e integrar de manera segura el almacenamiento a gran escala. Sin esa capa de inteligencia y refuerzo físico, el riesgo de vertidos de energía —es decir, el desperdicio de electricidad renovable porque la red no puede absorberla— se convierte en una costosa realidad diaria.

Un vector decisivo para la competitividad y la economía

A menudo se percibe la inversión en infraestructuras eléctricas como un coste tarifario o una carga regulatoria, cuando en realidad constituye la mayor palanca de atracción de inversión directa y competitividad territorial del presente. Las decisiones de localización industrial de las próximas décadas no se tomarán únicamente en función de los costes laborales o la fiscalidad, sino en función del acceso garantizado a energía limpia, abundante, estable y asequible.

Si el marco regulatorio no incentiva adecuadamente la inversión privada ni dota a los gestores de red de la certidumbre necesaria para acometer inversiones de capital a largo plazo, el país corre el riesgo de perder la carrera de la reindustrialización verde. A esto se suma el lastre de la burocracia: los plazos para la tramitación de permisos de transporte y subestaciones superan con frecuencia los tiempos de ejecución de los propios proyectos industriales o parques renovables, generando un descalce temporal paralizante.

El coste de la inacción es infinitamente superior al coste de la inversión. No invertir a tiempo en infraestructuras eléctricas se traduce en proyectos industriales fallidos que emigran a otras geografías, pérdida de eficiencia del sistema energético global y, en última instancia, en un encarecimiento de la factura que terminan pagando tanto los consumidores residenciales como el tejido empresarial.

Una auténtica decisión de Estado

La infraestructura eléctrica debe elevarse a la categoría de cuestión de Estado, situándose al mismo nivel prioritario que en su día tuvieron las grandes redes de autovías, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad o el despliegue de las redes de telecomunicaciones y fibra óptica. De hecho, su impacto estratégico es aún mayor, pues atraviesa de forma transversal la soberanía energética, la seguridad de suministro y la neutralidad climática.

Es urgente coordinar una planificación de la red con visión prospectiva a largo plazo, simplificar los entornos normativos y administrativos para acelerar las licencias, y asegurar un marco retributivo estable y predecible que capte el capital necesario.

La electrificación es el motor imprescindible de la economía del futuro, pero la red eléctrica es el suelo sobre el que ese motor debe rodar. Si no reforzamos ni modernizamos nuestros cimientos energéticos hoy, el ambicioso edificio de la transición ecológica y la competitividad industrial corren el riesgo de venirse abajo antes de estar terminados.