Fondos y promotoras alertan del impacto de los nuevos decretos de vivienda sobre la inversión y la oferta
Asociaciones de propietarios, promotores y empresas del sector inmobiliario han criticado las medidas incluidas en los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Las organizaciones advierten de que una mayor intervención puede reducir la confianza de los inversores, desincentivar la oferta y trasladar a los propietarios responsabilidades que, a su juicio, corresponden a las administraciones públicas.
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que agrupa a grandes tenedores, fondos de inversión, promotoras y propietarios particulares, considera que cada nueva intervención que dificulta alquilar, invertir o recuperar una vivienda puede provocar una reducción adicional de la oferta.
Según la organización, este tipo de medidas «empuja a más propietarios a retirarse y frena la creación de nueva oferta».
Asval muestra especial preocupación por la ampliación de las limitaciones aplicables a determinadas adquisiciones de vivienda.
El nuevo real decreto-ley establece hasta el 31 de diciembre de 2030 restricciones a determinadas compras efectuadas por personas jurídicas consideradas grandes tenedores, entre otros operadores incluidos en la norma.
La asociación sostiene que esta regulación puede afectar también a empresas dedicadas a mantener viviendas en alquiler estable y a largo plazo.
«Equiparar gran tenedor con especulador es una simplificación ideológica que perjudica directamente a la oferta. Si España necesita cientos de miles de viviendas, expulsar o limitar a quienes tienen capacidad para invertir en ellas es exactamente el camino contrario al que deberíamos recorrer», aseguran.
Críticas a las nuevas obligaciones para los propietarios
Asval considera además que algunas de las nuevas medidas afectan directamente a los pequeños propietarios.
La organización menciona entre ellas las prórrogas extraordinarias de determinados contratos, los cambios en los incentivos fiscales y las modificaciones relacionadas con los derechos de adquisición preferente.
Sobre este último aspecto, la asociación señala que la regulación puede limitar la libertad del propietario para transmitir una vivienda alquilada en determinadas circunstancias.
«Esto significa que un propietario que quiera vender la vivienda alquilada a su hijo, a su pareja o a cualquier otro familiar no podrá hacerlo libremente sin dar antes al inquilino la posibilidad de comprarla por el mismo precio y en las mismas condiciones. Salvo determinados supuestos, como el copropietario o quien tenga un derecho inscrito preferente, el inquilino se sitúa por delante incluso de la propia familia del propietario», aseveran.
Los promotores reclaman estabilidad regulatoria
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) también ha cuestionado las medidas y reclama una estrategia de vivienda basada en mayor estabilidad y diálogo con el sector.
Su presidente, Xavier Vilajoana, defendió durante el V Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en Barcelona y con la participación de más de 400 profesionales, la necesidad de afrontar el problema con una perspectiva de largo plazo.
«Todo el mundo, también el sector promotor, quiere solucionar el problema de la vivienda. Hagámoslo, y no cambiemos las reglas a mitad de partido, ni utilicemos situaciones dolorosas para hacer política de vivienda», apuntó ayer Xavier Vilajoana, presidente de la APCEspaña, durante el V Congreso Nacional de Vivienda que se celebra en Barcelona y que ha reunido a más de 400 profesionales del sector.
Los promotores estiman que España necesita alrededor de 250.000 nuevas viviendas al año, mientras que actualmente se construyen entre 90.000 y 110.000.
Según sus cálculos, esta diferencia provoca la acumulación anual de un déficit superior a las 100.000 viviendas.
El sector critica la falta de interlocución
Las organizaciones empresariales cuestionan también la falta de diálogo previo con el sector en la elaboración de las medidas.
APCEspaña sostiene que los promotores no fueron consultados sobre el contenido de los reales decretos, mientras que las consultoras agrupadas en ACI tampoco habrían participado en su diseño.
«Pido a las Administraciones que nos escuchen, y que nuestro trabajo no sea en balde», dijo el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana.
Asprima considera, por su parte, que la aprobación de las medidas supone un «paso atrás» para la construcción de vivienda y la captación de financiación.
«El país arrastra desde hace años una brecha enorme entre la demanda de vivienda nueva y la producción real, y medidas como estas no hacen sino ampliarla».
Temor a una menor inversión en vivienda en alquiler
Los promotores sostienen que la incertidumbre regulatoria está afectando a la inversión destinada al desarrollo de grandes proyectos residenciales para alquiler.
A su juicio, una reducción de estas inversiones tendría especial impacto sobre los sectores de población con menos recursos y podría dificultar todavía más el aumento de la oferta disponible.
Fondos, promotores y asociaciones de propietarios reclaman por ello mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y una estrategia que priorice el aumento del parque residencial como vía para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda.
