Bruselas expedienta a España por incumplir las normas europeas contra el fraude con fondos de la UE
La Comisión Europea ha abierto un nuevo procedimiento de infracción contra España por considerar que no ha trasladado correctamente a su legislación nacional las normas europeas destinadas a combatir el fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea.
Actualidad | 20/11/2026

Entre las deficiencias detectadas, Bruselas señala que la normativa española no recoge adecuadamente el delito de malversación de fondos comunitarios y establece una pena máxima de prisión inferior a la exigida por la directiva europea.
España tendrá dos meses para responder
La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento complementaria a las autoridades españolas, que dispondrán ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias identificadas.
Si Bruselas considera insuficientes las medidas adoptadas, podrá avanzar en el procedimiento mediante el envío de un dictamen motivado. En última instancia, el expediente puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y derivar en sanciones.
El procedimiento se refiere a la Directiva europea relativa a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho penal, conocida como Directiva PIF.
Bruselas considera esta normativa «una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE», ya que armoniza las definiciones de los delitos, las sanciones y las normas de competencia en los casos que afectan al presupuesto comunitario.
La directiva constituye también una de las bases sobre las que se asientan las competencias de la Fiscalía Europea.
El plazo para adaptar la norma expiró en 2019
Los Estados miembros tenían hasta julio de 2019 para incorporar correctamente la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.
La Comisión ya remitió en diciembre de 2021 una primera carta de emplazamiento a España después de identificar deficiencias en su transposición, entre ellas algunas relacionadas con la definición del delito de corrupción.
El nuevo expediente amplía ahora las objeciones formuladas entonces.
En concreto, la Comisión sostiene que, además de los problemas previamente identificados, España «no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva».
El Gobierno tendrá ahora dos meses para responder a las objeciones comunitarias y comunicar las medidas adoptadas para adaptar la legislación española a las exigencias de la normativa europea.







