Ceaje rechaza que las empresas asuman el coste de la huelga general del 11 de noviembre

La confederación sostiene que «no resulta admisible» trasladar a las empresas, sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica las consecuencias de una «medida de presión» cuyas principales reivindicaciones «se dirigen presumiblemente al Gobierno».

Ceaje considera que buena parte de las demandas planteadas no son «de naturaleza laboral» y critica que la actividad empresarial pueda convertirse en «un instrumento de presión».

La organización expresa además una especial preocupación por el impacto que una paralización de la actividad puede tener sobre jóvenes empresarios, autónomos, pymes y microempresas, debido a su menor capacidad para absorber las consecuencias económicas.

«Desde Ceaje defendemos el derecho de los ciudadanos y de las organizaciones sindicales a expresar sus reivindicaciones dentro del marco legal, pero consideramos que las empresas no pueden convertirse en el instrumento sobre el que recaiga el coste económico de reivindicaciones que no son, en esencia, de naturaleza laboral», exponen desde la confederación.

La patronal apunta a las administraciones públicas

Ceaje señala que las demandas relacionadas con cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda corresponden a las administraciones públicas y quedan fuera del ámbito de decisión y gestión de las empresas.

La organización se suma así a la postura expresada por CEOE-Cepyme ante la convocatoria de huelga general impulsada por CCOO, UGT y organizaciones de inquilinos.

Ceaje defiende que las reivindicaciones políticas deben canalizarse sin trasladar sus consecuencias económicas al funcionamiento de las compañías.

Ante el actual contexto electoral, la confederación añade que «el debate político debe desarrollarse desde el respeto a la normalidad democrática, sin convertir la actividad de las empresas y sus trabajadores en un instrumento de presión sobre decisiones que corresponden al ámbito de la Administración».

Preocupación por pymes y jóvenes empresarios

La organización empresarial reivindica la seguridad jurídica, la estabilidad y el funcionamiento normal de las compañías como factores «indispensables» para proteger el empleo, favorecer la inversión y permitir que los jóvenes empresarios desarrollen sus proyectos con mayor certidumbre.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, también ha expresado su rechazo a que las pequeñas empresas tengan que asumir las consecuencias de la huelga por la situación de la vivienda.

De Miguel ha señalado que los pequeños empresarios no tienen la «capacidad» ni la «llave» para solucionar un problema que afecta al conjunto de la ciudadanía y cuya responsabilidad, según la patronal, corresponde a las administraciones.