El Gobierno trata de actualizar el decreto MariCarmen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que la línea estará gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y estará dirigida a personas y familias que cuentan con ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, pero no disponen del ahorro necesario para pagar la entrada.

El mecanismo tendrá carácter intergeneracional y no estará limitado exclusivamente a los jóvenes.

Los préstamos podrán alcanzar hasta 50.000 euros y se concederán a interés cero como complemento a la financiación hipotecaria.

Los dos decretos aprobados mantienen, según Sánchez, «la esencia» de los textos que fueron rechazados por el Congreso, aunque incorporan algunas modificaciones y nuevas medidas.

El presidente ha defendido su nueva aprobación porque las «circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado» y ha afirmado que incluyen «medidas de puro sentido común, de humanidad» y ponen «pie en pared a los fondos buitre».

En conjunto, los textos incluyen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra de vivienda asequible, incrementar la oferta, reforzar la estabilidad residencial y combatir la especulación.

400 millones para promover vivienda social

Otra de las novedades es la incorporación de un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros.

Estos recursos estarán destinados a impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales y financiar proyectos de vivienda con impacto social y alquiler asequible.

La norma incorpora además 280 millones de euros en avales destinados a fomentar la construcción industrializada de vivienda.

Más restricciones a los fondos ‘buitre’

El nuevo texto endurece las condiciones aplicables a la compra especulativa de viviendas por parte de los denominados fondos ‘buitre’.

Para ello, amplía su definición y modifica las condiciones de las excepciones respecto al decreto anterior.

En materia de alquiler, también se refuerzan las obligaciones de información en la publicidad, promoción y oferta de viviendas.

En las zonas donde resulte aplicable la Ley de Vivienda o hayan sido declaradas tensionadas, deberá incluirse el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta correspondiente y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del propietario.

Para los pequeños propietarios, el marco regulatorio sobre desahucios se mantiene respecto al texto anterior.

Además, las administraciones asumirán las posibles costas procesales e intereses de demora cuando corresponda.

Las viviendas de la Seguridad Social pasarán a Casa 47

Las viviendas pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social quedarán adscritas a la empresa pública Casa 47.

El objetivo es incorporarlas a la oferta de alquiler asequible disponible para los ciudadanos.

Los decretos mantienen también las desgravaciones fiscales para los inquilinos y los incentivos destinados a los pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles.

Según Sánchez, las deducciones para los inquilinos podrían alcanzar cerca de 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros mensuales.

Las medidas incluyen asimismo la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la vinculación de los beneficios fiscales de las Socimi al alquiler asequible y la aplicación de un IVA del 10 % a los pisos turísticos.

La prórroga automática de alquileres queda pendiente

El segundo decreto regula la renovación automática de determinados contratos de alquiler, aunque su entrada en vigor dependerá de que consiga el respaldo de la Diputación Permanente del Congreso.

Sánchez ha reconocido que actualmente esta norma no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente.

El presidente ha solicitado a los grupos que apoyen ambos decretos y ha defendido que no se trata «de una cuestión ideológica sino de humanidad, de puro sentido común».

«Creo que es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda», ha afirmado.

No obstante, ha admitido que las medidas aprobadas «por sí solas no van a resolver el problema» y deberán complementarse con la construcción de cientos de miles de viviendas, especialmente públicas y asequibles.

La Diputación Permanente decidirá sobre los decretos

Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales, los reales decretos tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.

Este órgano está integrado por 69 diputados de las distintas formaciones políticas.

En el caso del primero de los decretos, el bloque que respaldó las medidas de vivienda suma 35 representantes de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

La situación cambia para el segundo texto, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, ya que también contó con el rechazo del PNV.

En ese supuesto, el reparto sería de 34 votos favorables frente a 35 en contra, por lo que la norma no entraría en vigor si no consigue modificar los apoyos parlamentarios.