La escalada de tensiones en Oriente Medio vuelve a situar la energía en el centro de las preocupaciones económicas globales. Aunque el Brent ha mostrado una fuerte volatilidad en los últimos días, con movimientos bruscos entre máximos intradía cercanos a los 120 dólares y niveles por debajo de los 90, el foco real del mercado está en el riesgo geopolítico asociado al estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y cerca del 20 % del comercio global de gas natural licuado (GNL).

Para Europa y para España, el escenario más probable en el corto plazo no es tanto un corte inmediato de suministro como un shock de precios, transporte y primas de riesgo energéticas que puede trasladarse rápidamente a los costes empresariales.

¿Cómo puede afectar el repunte del petróleo a los costes energéticos de las empresas españolas y europeas?

El primer impacto llega por la vía del transporte y los combustibles, que siguen estando muy vinculados al precio del crudo. En la Unión Europea, el transporte representa aproximadamente un tercio del consumo final de energía y depende en gran medida de derivados del petróleo. Por ello, un repunte del Brent se traslada con rapidez al coste del diésel, el queroseno o el fuel marítimo, afectando directamente a la logística, el transporte de mercancías y la movilidad empresarial.

Además, el petróleo también influye en materias primas petroquímicas utilizadas en numerosos procesos industriales, desde plásticos y resinas hasta componentes químicos empleados en automoción, agricultura o packaging.

¿Qué sectores son más vulnerables a una nueva escalada energética derivada del conflicto en Oriente Medio?

Los sectores más expuestos son aquellos con alta intensidad energética o fuerte dependencia de productos derivados del petróleo y del gas.

Entre ellos podemos señalar a la industria química y petroquímica, los fertilizantes, los materiales de construcción (vidrio, cerámica, cemento), la metalurgia y la industria papelera. Estos sectores combinan una elevada demanda energética con una exposición relevante al gas o a productos petrolíferos.

También son especialmente sensibles el transporte y la logística, la aviación y el sector marítimo, donde el combustible representa una parte importante de la estructura de costes.

Sin embargo, el impacto no se limita a los sectores tradicionalmente considerados electrointensivos. Industrias como la automoción o la agroalimentación pueden verse afectadas indirectamente a través del encarecimiento de productos químicos, fertilizantes o costes logísticos. En un entorno globalizado, los shocks energéticos suelen propagarse con rapidez a lo largo de toda la cadena de valor, como ya vimos durante la crisis energética ocurrida tras la invasión de Ucrania.

¿Podría este escenario trasladarse rápidamente a la factura eléctrica y a los costes industriales?

El traslado a la electricidad es posible, pero no necesariamente inmediato ni uniforme. En los mercados eléctricos europeos, el factor clave no es el petróleo sino el gas natural, que sigue siendo el combustible marginal que fija el precio del mercado en muchas horas.

Si el conflicto genera tensiones estructurales en el mercado global de GNL, especialmente si se ve afectado el tránsito por Ormuz, Europa podría volver a competir con Asia por cargamentos de gas, presionando al alza los precios del gas europeo y, en consecuencia, del mercado eléctrico. De hecho, el indicador de precio de gas en Europa, TTF, ha sufrido un incremento de más del 50 %, con un aumento de la volatilidad y unos valores alrededor de los 50 €/MWh que es un importe muy alto en contexto histórico.

En el caso de España, el impacto podría ser más moderado que en la crisis energética de 2022. El sistema eléctrico español cuenta hoy con un peso creciente de energías renovables, que ya superan la mitad de la generación anual. Esto reduce la frecuencia con la que las tecnologías fósiles determinan el precio del mercado.

Aun así, el gas sigue siendo relevante en momentos de baja generación renovable, por lo que los consumidores con contratos indexados al mercado mayorista podrían experimentar aumentos relativamente rápidos en su factura eléctrica.

¿Qué impacto podría tener sobre las cadenas de suministro y el transporte internacional?

Uno de los efectos más inmediatos de una escalada geopolítica suele aparecer en el transporte marítimo y los seguros logísticos.

Cuando aumenta el riesgo en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz, las primas de seguro marítimo tienden a subir y las navieras aplican recargos por combustible o riesgo geopolítico. Esto eleva el coste del transporte internacional y puede alterar rutas o tiempos de tránsito.

El impacto no se limita al petróleo o al gas. Por estas rutas también circulan fertilizantes, productos químicos y numerosas materias primas industriales. Como consecuencia, muchas empresas pueden enfrentarse simultáneamente a mayores costes logísticos, mayor necesidad de circulante y mayor incertidumbre en el suministro.

¿Estamos ante un riesgo real de nueva presión inflacionaria vinculada a la energía?

Existe un riesgo claro, aunque el contexto actual es distinto al de 2022. En aquel momento, el shock energético vino acompañado de problemas estructurales de suministro, lo que provocó un fuerte repunte inflacionario en Europa.

Hoy la situación es algo más favorable. Europa cuenta una mejor estrategia de compra de gas, mayor diversificación de proveedores y una penetración creciente de energías renovables.

Sin embargo, la energía sigue siendo un factor clave en la inflación. Un repunte prolongado del petróleo o del gas puede trasladarse al transporte, a la producción industrial y al coste de numerosos bienes y servicios.

Si el conflicto se prolongara, el riesgo sería un escenario de mayores costes energéticos, menor crecimiento económico y nuevas presiones inflacionarias, aunque probablemente con una intensidad inferior a la crisis energética vivida tras la invasión de Ucrania.

¿Qué pueden hacer ahora las empresas para anticiparse a un entorno de mayor volatilidad energética?

Desde 2022, las empresas son conscientes de la mayor volatilidad de la energía y, por tanto, de la necesidad de implementar estrategias de gestión del riesgo.

En este momento, es imprescindible que las empresas analicen su exposición real a los precios de la energía, incluyendo electricidad, gas, combustibles y costes logísticos asociados.

A partir de ahí, es recomendable combinar distintas estrategias: contratos a precio fijo, coberturas energéticas por tramos, acuerdos de compra a largo plazo de energía renovable o inversiones en autoconsumo y eficiencia energética.

También es clave revisar las cadenas de suministro y la dependencia de determinadas rutas logísticas o proveedores.

En definitiva, más que intentar predecir la evolución de los precios, las empresas deben centrarse en reducir su exposición estructural a la volatilidad energética, reforzando su resiliencia en un entorno geopolítico cada vez más incierto.