Un tribunal de EEUU reconoce a acreedores de renovables un crédito de 28,2 millones contra España
La sentencia sobre el caso BayWa llega tras el rechazo del Supremo estadounidense a la petición de España y abre una nueva fase centrada en la ejecución efectiva de los laudos renovables.
Empresa | 01/07/2026
El juez Amit P. Mehta, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, ha dictado una sentencia final favorable a la ejecución del laudo Ciadi correspondiente al caso BayWa.
La resolución reconoce a los acreedores un crédito de 28,2 millones de dólares, unos 24,7 millones de euros, cantidad que aumentará por la acumulación de intereses de demora posteriores a la sentencia hasta el pago completo de la indemnización, según fuentes de los acreedores.
El caso, gestionado por Blasket Renewable Investments, se suma a la ofensiva judicial de inversores afectados por los recortes retroactivos a las primas renovables en España.
El Supremo despeja la vía en Estados Unidos
La decisión llega apenas un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la petición de certiorari presentada por el Reino de España.
Con ese rechazo, queda despejada la vía para que los tribunales federales estadounidenses conozcan los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos renovables.
Fuentes próximas a los acreedores subrayan que la rapidez con la que se ha producido este nuevo avance judicial refleja la trascendencia práctica de la decisión del Supremo estadounidense.
A su juicio, la disputa deja atrás una fase centrada en cuestiones jurisdiccionales y entra ahora en una etapa enfocada en la ejecución efectiva de los laudos y en la localización de activos susceptibles de embargo.
Siete sentencias por casi 700 millones
La sentencia de Blasket se suma a los avances registrados durante las últimas semanas en tribunales estadounidenses.
A comienzos de junio, distintos acreedores lograron registrar siete sentencias federales derivadas de laudos renovables por un importe conjunto cercano a 700 millones de euros.
Entre los procedimientos figuran los correspondientes a compañías como NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed o Rreef Infrastructure, entre otros inversores afectados.
La estrategia de los acreedores busca ampliar el número de jurisdicciones desde las que perseguir activos del Reino de España para recuperar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales.
Mayor presión sobre España
“La decisión del Tribunal Supremo cambia por completo el terreno de juego. Los acreedores ya no tienen que concentrar sus esfuerzos en defender la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, sino en ejecutar los laudos y recuperar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales”, señalan fuentes próximas a los acreedores.
Las mismas fuentes sostienen que cada nuevo registro, sentencia u orden de discovery incrementa la presión sobre España.
“La cuestión ya no es si los laudos pueden ejecutarse en Estados Unidos, sino cuántos acreedores seguirán ahora esta vía y con qué rapidez lo harán”, recalcan.
También afirman que España “no puede seguir incurriendo en este serial de impagos” y debe cerrar una controversia que, a su juicio, erosiona su imagen y credibilidad internacional.
Procedimientos abiertos en varias jurisdicciones
España acumula 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución no solo en Estados Unidos, sino también en otros países.
Entre las jurisdicciones abiertas figuran Bélgica, Países Bajos, Australia, Reino Unido y Singapur.
En Estados Unidos, las sentencias que condenan a España a pagar estos laudos rondan los 700 millones de euros, aunque representan solo una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores.
En Bélgica, permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas bancarias que también han sido intervenidas por los acreedores.
En Países Bajos, se han iniciado procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
En Australia, los tribunales han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España por un importe conjunto superior a 400 millones de euros.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado recientemente resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos relacionados con indemnizaciones superiores a 300 millones de euros.
