“No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa”. Esta famosa frase de José Ortega y Gasset describe perfectamente uno de los grandes desafíos económicos de nuestro tiempo. Queremos electrificar la economía, descarbonizar la industria, multiplicar el vehículo eléctrico, atraer nuevas fábricas, desarrollar centros de datos y producir hidrógeno renovable, pero hasta ahora nos hemos preocupado más de la energía que de las redes que deben llevar esta energía hasta donde se necesita. Y ahí está el verdadero cuello de botella.

España está entrando en una nueva era eléctrica. La demanda ya ha comenzado a crecer después de años de relativa estabilidad. El pasado año, el consumo eléctrico aumentó un 2,8%, por encima de la media de los países de Europa. Paralelamente, la potencia de energía renovable instalada siguió creciendo con fuerza. Pero el reto que tenemos por delante es mucho mayor: la electrificación del transporte, la climatización y la industria convivirá con nuevas demandas asociadas al hidrógeno, los centros de datos, la vivienda y nuevos proyectos industriales. El propio Gobierno contempla que para el final de la década la demanda eléctrica será un 60% superior a la registrada en 2024.

La cuestión, por tanto, ya no es si necesitaremos más electricidad. La cuestión es si tendremos las infraestructuras necesarias para entregarla a tiempo. Y aquí conviene recordar una verdad elemental que a veces desaparece entre los grandes titulares sobre renovables: un megavatio de generación que no puede verterse a la red, o una fábrica que no puede conectarse a la red, no es una inversión productiva; es una oportunidad perdida.

La red eléctrica ha dejado de ser una infraestructura invisible para convertirse en una pieza central de la política industrial. Durante décadas fue razonable pensar en ella fundamentalmente como un sistema destinado a garantizar que hogares y empresas recibieran electricidad. Hoy se debe hacer mucho más: integrar generación renovable variable, conectar almacenamiento, responder a nuevos patrones de consumo, digitalizarse, resistir fenómenos climáticos extremos y permitir que nuevas actividades económicas se instalen allí donde existe capacidad eléctrica.

La magnitud del reto no es exclusivamente española. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que las redes se están convirtiendo en un cuello de botella mundial. Y considera que la inversión anual mundial en redes debería aumentar aproximadamente un 50% hasta 2030 respecto a los alrededor de 400.000 millones de dólares actuales.

El mensaje es contundente: podemos construir una planta solar en un plazo relativamente corto, pero una nueva infraestructura de red puede necesitar muchos más años entre planificación, permisos, fabricación y construcción. Si no anticipamos las necesidades, la red llegará tarde.

España tiene una oportunidad extraordinaria precisamente porque parte de una posición privilegiada. Disponemos de uno de los mejores recursos solares y eólicos de Europa, de una industria energética con capacidades relevantes y de un sistema que en 2025 volvió a registrar máximos en generación renovable.

Pero tener abundante energía renovable no basta. Hay que poder transportarla, distribuirla y utilizarla. Por eso resulta especialmente relevante el giro regulatorio producido este verano. El Gobierno ha aprobado un nuevo marco que permite elevar hasta 17.900 millones de euros la inversión adicional en redes de transporte y distribución hasta 2030. De esa cantidad, hasta 10.200 millones corresponderían a distribución y hasta 7.700 millones a transporte. Sumando las inversiones que ya estaban dentro de los límites anteriores, el desembolso total en redes eléctricas podría superar los 35.000 millones de euros durante lo que queda de década.

La cifra es suficientemente importante como para que el debate no pueda limitarse a celebrar el aumento de la inversión. Hay que preguntarse dónde, cuándo y para qué se invierte.

Porque no toda inversión en redes tiene el mismo valor económico. Una nueva línea que permite conectar una industria electrointensiva puede generar empleo y actividad durante décadas. Una subestación que desbloquea vivienda, transporte ferroviario o nuevos servicios puede convertirse en una infraestructura estratégica. La digitalización y el telecontrol pueden aumentar la capacidad y resiliencia de una red sin necesidad de construir siempre nuevas instalaciones.

El nuevo marco regulatorio apunta precisamente en esa dirección. Las inversiones adicionales en distribución podrán destinarse a demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte, pero también a control de tensión, digitalización, observabilidad y ciberseguridad, así como a determinadas inversiones anticipatorias en zonas donde todavía no existe una demanda garantizada pero sí un potencial de desarrollo.

Esta última cuestión es crucial. Esperar a que llegue la demanda para construir la red puede ser demasiado tarde. Una empresa que decide dónde levantar una fábrica no puede esperar varios años para saber si tendrá capacidad eléctrica. La electricidad se está convirtiendo en un factor de localización industrial tan importante como el suelo, el agua, las comunicaciones o la disponibilidad de trabajadores.

La planificación energética debe asumir, por tanto, una nueva lógica: anticipar sin sobredimensionar; invertir antes de que aparezca el cuello de botella, pero con criterios objetivos de necesidad, eficiencia y retorno económico y social.

Aquí entra en juego también la distribución. Cuando hablamos de grandes líneas de transporte tendemos a pensar en torres y subestaciones, pero una parte decisiva de la transformación tendrá lugar mucho más cerca del ciudadano y de la empresa. Serán las redes de distribución las que tendrán que absorber millones de vehículos eléctricos, bombas de calor, autoconsumo, baterías, nuevas viviendas y pequeñas instalaciones industriales.

La red del futuro será mucho más digital y bidireccional. El consumidor dejará de ser únicamente alguien que demanda electricidad. En muchos casos será también productor, almacenador y participante activo en el sistema. Eso exige cambiar la manera de planificar.

También exige acelerar los permisos. No podemos defender la necesidad urgente de nuevas infraestructuras eléctricas y, al mismo tiempo, aceptar procedimientos administrativos que conviertan cada proyecto en una carrera de obstáculos durante años. La protección ambiental debe mantenerse y debe ser rigurosa, pero protección ambiental y lentitud administrativa no son sinónimos.

La solución tampoco consiste en construir redes sin ningún criterio claro. La inversión tiene que estar sometida a transparencia, evaluación y control. En este sentido, el nuevo marco establece que los planes de inversión de las distribuidoras serán públicos, podrán recibir aportaciones de administraciones y agentes interesados y estarán sujetos a mecanismos de seguimiento del cumplimiento. Es una condición indispensable para que el esfuerzo inversor sea socialmente legítimo.

Porque finalmente las redes se pagan de una manera u otra. Una parte relevante de su coste termina repercutiendo sobre el sistema eléctrico y, por tanto, sobre consumidores y empresas. La inversión debe generar suficiente valor para justificar ese coste. Y la mejor manera de conseguirlo es ampliar la base de consumidores conectados, facilitar actividad económica y evitar que una infraestructura escasa termine siendo el factor que limite el crecimiento.

Hay, además, una dimensión geopolítica que no deberíamos ignorar. En un mundo en el que la energía vuelve a ser un elemento central de la seguridad económica, disponer de una red robusta, interconectada y flexible es también una cuestión de autonomía estratégica. No basta con producir electricidad renovable; hay que garantizar que pueda llegar donde y cuando hace falta

La respuesta, por tanto, no puede ser una única tecnología ni una única política. Necesitamos nuevas líneas y subestaciones, pero también almacenamiento, digitalización, gestión activa de la demanda, interconexiones y tecnologías que permitan obtener más capacidad de las redes existentes. La propia Agencia Internacional de la Energía estima que determinadas mejoras tecnológicas y operativas podrían liberar cientos de gigavatios de capacidad de conexión a escala mundial sin esperar exclusivamente a grandes obras nuevas.

El gran error sería plantear el debate como una elección entre invertir mucho o invertir poco. La pregunta correcta es qué inversión necesita España para que la electrificación se convierta en crecimiento y no en frustración. La electricidad va a ocupar cada vez más espacio en nuestra economía. Moverá coches y trenes, calentará edificios, alimentará fábricas, procesará información y permitirá producir nuevos combustibles. Será una de las principales materias primas de la competitividad europea.

Por eso las redes eléctricas ya no son simplemente cables, torres y subestaciones. Son política industrial. Son infraestructura económica. Son seguridad energética. Y son, cada vez más, una condición previa para decidir dónde se invierte, dónde se crea empleo y qué territorios participan en la nueva economía.

España ha empezado a corregir el desequilibrio entre la velocidad con la que instalamos generación y la velocidad con la que reforzamos las redes. Ahora toca convertir las cifras anunciadas en infraestructuras reales, en plazos razonables y allí donde produzcan mayor valor para el conjunto de la sociedad.

Porque la transición energética no se ganará únicamente produciendo más electricidad limpia. Se ganará cuando esa electricidad pueda llegar a una fábrica, a una vivienda, a un tren, a un coche o a un centro de datos exactamente cuando se necesita.

La verdadera revolución eléctrica no está en el enchufe. Está en todo lo que hay detrás de él.